Como la vía legislativa en el Congreso de la Nación fracasó el año pasado, el presidente, Mauricio Macri, decidió concretar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la tan ansiada extinción de dominio. Se trata, básicamente, de una iniciativa para decomisar bienes vinculados al narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y corrupción. “Estamos hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos”, aseguró el mandatario nacional ayer, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Es el primer anuncio del jefe de Estado luego de vacacionar por varios días en el sur argentino. A su lado, se encontraban los ministros Germán Garavano (Justicia y Derechos Humanos) y Patricia Bullrich (Seguridad), cuya presencia no es caprichosa, puesto que suena como posible candidata a completar la fórmula presidencial en las elecciones de octubre próximo. Todo el anuncio de Macri fue, de hecho, en clave electoral. Alejado de la agenda económica que desluce la gestión nacional, el Presidente optó por avanzar con un proyecto que apuntala una de las banderas enarboladas por Cambiemos: la lucha contra la corrupción.
La decisión de Macri fue rápidamente cuestionada por referentes de la oposición. En primer lugar, se criticó que el Poder Ejecutivo avance sobre las facultades del Congreso. Cabe recordar que una iniciativa similar fue presentada por el Frente Renovador hace dos años. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando fue girado al Senado de la Nación, sufrió modificación, por lo que tuvo que volver a la Cámara Baja. Macri tomó nota del recorrido legislativo para justificar el decreto. “Su aprobación es urgente y los proyectos para aprobarlos en el Congreso están estancados hace años. Los argentinos ya esperamos demasiado, la Justicia necesita este mecanismo ya mismo”, insistió Macri.
Además de la forma, la oposición criticó la iniciativa en su aspecto jurídico. El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ expresaron “su rechazo” al decreto por considerarlo “inconstitucional” y “un acto de campaña”. En tanto, para el secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, Roberto Carlés, que la iniciativa es “humo para la campaña”. También la tildó de inconstitucional. El principal cuestionamiento jurídico que hicieron notar especialistas en el tema es que la iniciativa prevé el decomiso de bienes sin que exista una sentencia firme. Es decir, el Estado le podrá sustraer los bienes a una persona que no ha sido encontrada culpable por la Justicia.
Con otro decreto, el Gobierno le quita frecuencias a la Arsat
El gobierno nacional modificó ayer, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital (27.208) para habilitar la participación de operadores “de carácter regional o local, públicos o privados” en la explotación de bandas de comunicación que la empresa estatal Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima) tenía asignadas con carácter preferencial.
Cabe recordar que la normativa, sancionada en noviembre de 2015, declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados. Y específicamente en su Artículo 11º, se reservó con carácter preferencial a la Arsat una serie de frecuencias. Sin embargo, la administración del presidente Mauricio Macri dispuso modificar ese artículo y estableció que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) asigne en forma directa a la Arsat “las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines” y que gestione las restantes.
Para el Ejecutivo, esta decisión podrá “generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de Servicios de Comunicaciones Móviles”. Dicho de otra manera: el Gobierno le quitó frecuencias asignadas a la Arsat preferencialmente para que el Enacom las licite con el objetivo de dar telefonía móvil. Las frecuencias que se licitarán -que son para dar servicios 3G y 4G- son las bandas nacionales de 700 mhz y de 1,7-2,1 mhz, y las regionales de 1.800-1.900 mhz. En tanto, el decreto establece que en el caso de que Arsat requiera frecuencias radioeléctricas para cumplir con sus objetivos le serán adjudicadas directamente.