La niña de 11 años que quedó embarazada tras ser violada por la pareja de su abuela fue sometida a una cesárea el martes en el Hospital del Este Eva Perón de la provincia de Tucumán. Pese a que tanto la niña y su madre pidieron en reiteradas oportunidades la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), prevista en el Código Penal y reafirmada en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) mediante el fallo FAL, el protocolo estipulado para estos casos no se respetó.
Ayer, los médicos que intervinieron en el procedimiento, la defensa de la familia de la niña y organismos de derechos humanos, acusaron al Sistema Provincial de Salud (Siprosa), dependiente del gobierno de Tucumán, de dilatar y finalmente obstaculizar la ILE. Cabe recordar que el embarazo de la niña fue detectado el 31 de enero, cuando cursaba su 19ª semana de gestación. Sin embargo, debido a los esfuerzos del Ministerio de Salud de Tucumán, pasó casi un mes hasta que intervino el Juzgado de Familia de 5ª nominación, a cargo de Valeria Brand, para que se avanzara con la interrupción voluntaria.
Tras su intervención, la cartera sanitaria anunció que se realizaría la ILE. Sin embargo, no fue así. “Se salvó la vida de una nena de 11 años que fue torturada por un mes por el Sistema de Salud Provincial”, explicó la ginecóloga Cecilia Ousset, una de las doctoras que participó del procedimiento que se le practicó a la niña. “A mí me llamaron a la mañana pero dije que no porque soy objetora. Decidí acompañar a mi marido (Jorge Gijena) que no es objetor”, explicó Ousset. No obstante, cuando entraron al quirófano para realizar la ILE todo el personal médico se declaró objetor. “Nosotros queríamos cumplir lo que habíamos prometido, entonces, llamamos a una anestesista de urgencia e hicimos el procedimiento con mi marido. Yo hice de instrumentadora y él le realizó una microcesárea”, explicó la ginecóloga.
Ayer, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán también cargó contra el gobierno de la provincia del norte al advertir que la cartera sanitaria faltó a la verdad cuando anunció de manera engañosa que se realizaría la ILE a la niña. De acuerdo con el texto del máximo tribunal tucumano, en el comunicado “se menciona que se dará cumplimiento a la doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo ‘en procura de salvar las dos vidas’, (lo que) no refleja lo resuelto en el expediente judicial” porque en ningún lugar se menciona “que la aplicación de la doctrina tenga esa finalidad”.