El 18 de julio de 1994 la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) sufrió un atentado que acabó con la vida de 85 personas y ocasionó un centenar de heridos. La investigación del episodio cayó en las manos del –ahora– ex juez, Juan José Galeano.
Sin embargo, en diciembre de 2003 fue apartado, y en agosto de 2005, destituido de su cargo por el mal desempeño de sus funciones en el marco de ese expediente. La investigación de Galeano había llegado a juicio oral y, en esa instancia, el tribunal anuló la causa por las irregularidades que se detectaron.
De esta manera, se abrió un nuevo expediente para investigar a Galeano y a otros acusados por el supuesto encubrimiento del atentado. Se juzgaron tres hechos concretos: el pago de 400.000 dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente en el atentado a oficiales de la Policía Bonaerense; la coacción y privación ilegal de la libertad a testigos; y la desviación de la llamada “pista siria” que apuntaba al empresario Alberto Kannore Edul, amigo del ex presidente Carlos Saúl Menem (también involucrado en la causa).
Cabe recordar que los querellantes sostienen que el hermano menor del ex mandatario, Munir Menem, intercedió ante Galeano para que no investigara a Kannore Edul.
Ayer, los implicados recibieron su sentencia. Los jueces dieron por probadas dos de las tres acusaciones. El Tribunal Oral Federal Nº 2 absolvió a Menem, al ex comisario Jorge “Fino” Palacios y también al ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Rubén Beraja.
En cambio, fueron condenados Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Hugo Anzorreguy, quien habría aportado el dinero para pagarle a Telleldín. El magistrado fue encontrado culpable de peculado, prevaricato y privación ilegítima de la libertad y condenado a seis años de prisión.
Mullen, en tanto, fue encontrado culpable de consentir la coima que derivó en la detención de cuatro policías bonaerenses y de privación ilegítima de la libertad (puesto que los uniformados pasaron varios años en la cárcel). Por su parte, Barbaccia fue condenado a la misma pena porque firmó la declaración falsa de Telleldín. En tanto, el desarmador de autos, acusado entre otras cosas de ser quien vendió la camioneta utilizada para el atentado, recibió una pena de tres años y seis meses de cárcel.
Las defensas podrán apelar las condenas
En los alegatos de diciembre de 2017, el fiscal Roberto Salum dio por probados los hechos. “Estamos hablando siempre de maniobras que llevaron a perjudicar, desviar, dificultar y hasta arruinar la investigación del atentado a la Amia. Los hechos deben ser considerados delitos de lesa humanidad porque son conexos al atentado”, señaló ante el tribunal. De los 13 acusados, ocho fueron condenados y cinco absueltos. El veredicto fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel. Ahora, las condenas van a ser revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si se confirman, se podría detener a quienes deban cumplir cárcel.