Con el quórum justo, a las 12.20 el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, contó 130 diputados sentados en sus bancas y levantó el telón de la sesión, pero quedaba pendiente la habilitación del tratamiento de los temas, que desembarcaron en el recinto sin dictamen de comisión.
Para concretar ese objetivo y luego aprobar los proyectos, la oposición hubiera necesitado una mayoría especial de dos tercios, una hipótesis descartada de antemano por todas las bancadas.
El primer bloque temático que se abordó en la sesión fue el de los proyectos tendientes a cumplir con el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia para eximir del pago del impuesto a las Ganancias a los jubilados.
Por el Frente para la Victoria, la diputada Luana Volnovich expuso los lineamientos del proyecto presentado por el kirchnerismo, que plantea -en línea con los dispuesto por la Corte- «un plazo de un año para definir un régimen especifico y hasta tanto eso suceda que ningún jubilado pague Ganancias». Aclaró, sin embargo, que los jubilados que pagan Ganancias representan solamente al 2% del total, y señaló que «este Congreso tiene la responsabilidad de legislar para el resto de los jubilados que no están alcanzados por ese fallo».
«Además tenemos la responsabilidad de cuidar la armonía del sistema previsional que debe ser solidario, distributivo y justo y que de ninguna manera puede aumentar la brecha entre los que menos tiene y los que mas tienen», puntualizó.
A su vez, reclamó un bono compensador para los jubilados que fueron excluidos del pago de bono de fin del año pasado, y exigió la derogación de la Pensión Universal a la Niñez (PUAN) aprobada en el marco de la «reparación histórica» e instrumentada por el Gobierno, al tiempo que propuso que por ley se abran se abran las moratorias previsionales.
Por su parte, la massista Mirta Tundis se sumó a las expresiones de malestar por el hecho de que el oficialismo no haya convocado nunca en 2018 a sesionar en la comisión de Acción Social y Previsión, y se declaró a favor de «legislar en el sentido de lo que dice la Corte y darle respuestas a nuestros mayores».
El diputado de Red por Argentina Daniel Arroyo alertó que «hay muchos jubilados con hambre que están yendo a comedores comunitarios a los que antes no iban».
En la misma frecuencia, el diputado del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño estimó que «más del 70 % de los jubilados de nuestro país son pobres».
«Por supuesto, al Gobierno lo único que le importa es cumplir con el pago de la deuda a los especuladores, para cumplir con sus empresas amigas», reprochó Del Caño, que advirtió que el Gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional una reforma para aumentar la edad jubilatoria.
El dirigente trotsquista lamentó que «sólo dos de cada diez personas con edad para jubilarse pueda hacerlo», y agregó que «el resto está condenado a una pensión universal -que ahora tampoco es universal»- que equivale al 80 por ciento de la mínima, apenas 8300 pesos, una miseria».
El segundo bloque de la sesión estuvo dedicado al debate sobre los proyectos que apuntan a restringir los aumentos tarifarios en las facturas de servicios.
El diputado nacional del Frente para la Victoria Axel Kicillof cuestionó que el Gobierno haya «dolarizado» las tarifas de servicios públicos que cobra a los usuarios y destacó que la intención de la oposición es «arreglar el desastre tarifario que han armado». «Esto no es una política, es un desastre. Venimos a discutir cómo arreglar de la manera mas prolija pero más rápida posible el desastre tarifario que han armado, la enorme estafa que han hecho», afirmó.
El último ministro de Economía de Cristina Kirchner criticó la lógica de «dolarizar un servicio cuyo costo está en pesos», y consideró que este esquema redundó en «ganancias escandalosas para toda la cadena de ese sector» que «no se ha traducido en mayores inversiones», ni «en una mejora del servicio ni en los números de la explotación y producción».
A su turno, el presidente del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Pablo Kosiner, sostuvo que «la política de tarifas» del Gobierno «no tiene ningún parámetro racional de adecuación».
«Pedimos que la política tarifaria de este Gobierno recupere previsibilidad, gradualidad, razonabildiad y fundamentalmente hoy la gente cuestiona al política tarifaria no porque no la quiere pagar sino porque no puede. La industria no la puede soportar», alertó.
El legislador salteño detalló que el 40 por ciento de los costos internos de las empresas corresponden al pago de tarifas, situación que «hace inviable cualquier política de desarrollo en la Argentina».
El titular del interbloque Argentina Federal reconoció que de antemano la oposición sabía que no tenía «muchas probabilidades de sacar una ley» que restringiera los aumentos tarifarios, ya que al no tener dictamen de comisión los proyectos se necesitaba una mayoría especial de dos tercios.
«También debemos decir que la responsabilidad de habilitar las comisiones es del oficialismo y del Gobierno», se quejó.