El escándalo político, judicial y mediático que tiene como principales involucrados al falso abogado Marcelo D’Alessio, al ex espía Rolando Barreiro y al fiscal federal Carlos Stornelli, atravesó la membrana que rodea a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Días atrás, durante una extensa entrevista con el periodista Edi Zunino, el juez Horacio Rosatti se refirió al caso en el que se investiga una presunta red de espionaje ilegal de la que habría sido víctima no sólo él, sino también su compañero y presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.
En este contexto, Rosatti aludió a la citación a indagatoria de Stornelli, un pedido realizado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y desoído por el funcionario judicial en reiteradas oportunidades. Zunino le preguntó qué haría si le llegara una citación para ser testigo o imputado en una causa. “Me presento porque es mi obligación. En este cargo uno tiene que dar el ejemplo”, remarcó Rosatti. “Si no hay ejemplaridad moral es muy difícil generar seguimiento de conductas. Uno acá tiene que dar el ejemplo, en la vida privada, que muchos dirán qué tiene que ver la vida privada y en la vida pública”, agregó. Y concluyó que “si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete”.
Cabe recordar que Stornelli fue citado a declarar por Ramos Padilla en cuatro ocasiones. Sin embargo, sin dar explicación alguna al respecto, el funcionario judicial no se presentó nunca. Por este motivo, el magistrado lo declaró en rebeldía. Lo único que dijo Roberto Ribas, abogado de Stornelli, fue que el fiscal decidió no presentarse porque considera que Ramos Padilla es incompetente y no resuelve los planteos de la defensa. “Ramos Padilla pisó la causa, no quiere dejarla”, opinó.
Sin embargo, el juez de Dolores afirmó que “ninguno de los planteos formulados por su defensa justificaban la ausencia a las citaciones cursadas”. Ramos Padilla le solicitó además al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que arbitre los medios necesarios para “garantizar la comparecencia” del fiscal ante los tribunales de Dolores.
El fiscal Stornelli fue imputado por Ramos Padilla. Se le adjudica relación con las operaciones de inteligencia y espionaje ilegales llevadas a cabo por D’Alessio. Además de los casos de Pedro Etchebest, José Manuel Ubeira y Gonzalo Brusa Dovat, el fiscal se lo asocia a otros tres hechos: el intento de cámara oculta contra el abogado Javier Landaburu, la extorsión a Pablo Barreiro y “tareas de espionaje ilegal relacionadas con Jorge Christian Castanon”. De acuerdo a la decisión judicial, ese episodio se expuso en las comunicaciones vía WhatsApp que mantuvieron Stornelli y D’Alessio en enero de este año, mientras el fiscal se encontraba en la localidad de Pinamar.
Bidone, rechazado
El fiscal federal de Dolores, Juan Curi, rechazó el viernes pasado considerar como “arrepentido” a su par suspendido de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, al evaluar insuficiente la información que aportó en sus dos declaraciones indagatorias en la trama de extorsión y espionaje por la cual se lo investiga. Tras ello, Bidone deberá prestar declaración indagatoria el próximo miércoles ante el juez Ramos Padilla.
Dos procesamientos
El juez Ramos Padilla, procesó el viernes pasado con prisión preventiva a los ex policías Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, y al ex espía Barreiro, por integrar la asociación ilícita acusada de realizar espionaje y extorsión. Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado también les trabó embargos por 10 millones de pesos a cada uno. El magistrado también le amplió el procesamiento a D’Alessio como integrante de la red paraestatal.
Investiga el FBI
El fiscal Stornelli tiene a su cargo la causa llamada “Cuadernos Gloria” donde se investiga una presunta red dedicada al cobro de sobornos. Entre los implicados se encuentra Daniel Muñoz, fallecido ex secretario de Néstor Kirchner. Su múltiples propiedades motivaron al FBI, agencia de los Estados Unidos, a realizar una investigación preliminar con el objetivo de confiscar en ese país los bienes que sean producto de presuntos hechos de corrupción.