El juez federal número 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, se declaró ayer incompetente para atender en la causa que tiene como imputados a tres ex funcionarios del gobierno nacional anterior por sus presuntas acciones y omisiones durante las jornadas del 3 y 4 de diciembre de 2013, cuando se registró el acuartelamiento policial. Como se recordará, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk había imputado en mayo pasado al ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, a la entonces ministra de esa cartera, Cecilia Rodríguez, y al ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por no haber asistido a la Provincia ante la crisis de seguridad derivada del mencionado motín.
El caso fue derivado a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal de la Capital Federal
La figura penal es supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la víspera, Vaca Narvaja consideró que territorialmente el delito se habría consumado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y, por lo tanto, debería entender un Juzgado Federal de aquella jurisdicción. Además, el magistrado determinó que es “apresurado” el pedido de indagatoria que le hizo la fiscal. La implicación judicial de estos ex funcionarios comenzó en abril del 2018 en el juicio provincial a los policías que se amotinaron. En ese entonces, se remitieron declaraciones vertidas durante ese juicio a la Justicia Federal, cuando el presidente provisional de la Legislatura, Oscar González, declaró en Tribunales II por su función de jefe de ministros de José Manuel de la Sota, cargo que ocupó durante el amotinamiento policial.
Allí, contó que los funcionarios nacionales no atendieron los llamados de auxilio. Ahora, Vaca Narvaja diferenció el “lugar donde se consumó el delito” (el incumplimientos de los deberes) del “lugar en el que se produjeron los efectos extratípicos del hecho ilícito”, es decir el motín policial y los saqueos. “Los imputados prestaban servicios en el Poder Ejecutivo Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó en una resolución que se conoció ayer. “Es en ese lugar donde los encartados habrían omitido el cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos”, agregó. Es por este motivo que decidió remitir las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal para que designe un Juzgado.