La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad con 222 votos el proyecto de ley para prorrogar la emergencia alimentaria, luego de una sesión rápida y con discursos medidos tanto del oficialismo como de la oposición.
La sesión se llevó a cabo mientras en la puerta del Congreso distintas agrupaciones sociales y políticas se manifestaron para reclamar mayor atención en políticas alimentarias en medio de la crisis económica.
El proyecto fue impulsado por las distintas bancadas de la oposición y el interbloque oficialista de Cambiemos decidió acompañarlo con la venia del Gobierno, que se comprometió a no vetar la norma y atender la demanda.
Durante la sesión -que duró alrededor de tres horas- ambos sectores evitaron pronunciar discursos altisonantes o hacer referencias al escenario electoral, aunque sí hubo pases de factura pero con tono moderado.
«Esta ley, que entiendo vamos a aprobar, reasigna partidas presupuestarias y permite al Estado acelerar la compra de alimentos. Es un plan que plantea poner un piso ante esta situación social difícil», sostuvo el diputado Daniel Arroyo, de Red por Argentina.
Héctor «Toty» Flores, de la Coalición Cívica anticipó que su bloque acompañará la iniciativa, pero recordó que este Gobierno «fue el que más aumentó las partidas sociales» y dijo que «la Argentina sale de esta decadencia trabajando».
A su turno, Carlos Castagnetto del FpV, «este proyecto de ley surge porque el gobierno no quiere ver la realidad de los comedores comunitarios». «Queremos agradecer al oficialismo que nos acompaña en esta media sanción, pero queremos aclarar que este proyecto no es al azar», agregó.
El diputado justicialista, Juan José Bahillo, expresó la inquietud de las provincias y solicitó que las partidas que aumente la ley lleguen a todos los distritos. Así solicitó la inclusión de un artículo en la ley para que los fondos sean coparticipables.
Cecilia Moreau del Frente Renovador, «Solo este año dos millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza. Está bien que haya números, pero con esto no alcanza. Hay que poner el cuerpo. Nunca se sentaron con los supermercadistas para regular los precios. En la Argentina hay hambre, no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad».
El diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la emergencia alimentaria, indicó: «Estamos planteando esta ley porque el país está en emergencia. Cualquier política pública para combatir el hambre llega tarde. Algunos se regodean por dar quórum o hablan de que esta ley es un problema fiscal, esto es un problema de fondo que hay que solucionar».
«Llegamos hasta acá con la unidad de todas las bancadas opositoras. El hambre del pueblo no puede ser la variable de ajuste. Quiero decirle a Pichetto que tiene razón esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri», concluyó.
La iniciativa que prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional y que propone aumentar en un 50% las partidas presupuestarias vigentes en 2019 correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición fue consensuada entre los bloques opositores y lleva las firmas de diputados del Frente de Todos, del Bloque Justicialista, del Frente Renovador, de los puntanos de Unidad Justicialista y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia.
Además, faculta al jefe de Gabinete a actualizarlas trimestralmente, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC y habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
Los legisladores del Frente de Izquierda, en tanto, intentarán debatir su propio paquete de leyes que incluye también la prohibición de despidos, el aumento de los salarios y las jubilaciones.
Este miércoles, la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe sobre el impacto fiscal de la iniciativa en la que determinó que si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones. En tanto, si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.