El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, dependiente de las Naciones Unidas, instó al gobierno de Mauricio Macri a derogar un decreto de 2017 que endureció la política migratoria local, informó el viernes la Comisión Argentina para Refugiados (CAREF).
Ese mecanismo de la ONU está integrado por 14 especialistas internacionales y su juicio se enmarca en un informe sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en el país sudamericano.
El Comité instó a Argentina «a que adopte medidas inmediatas para derogar» el decreto que en 2017 dispuso endurecer la política migratoria cerrando las puertas a personas con antecedentes penales y agilizando los procesos de deportación.
La administración de Macri lo había justificado entonces en estadísticas de criminalidad que, según las autoridades, mostraban un alto porcentaje de inmigrantes involucrados en hechos delictivos.
El Comité consideró además que el decreto es contrario a la Convención Internacional ratificada en 2007 por Argentina, informó un comunicado del CAREF y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones.
El decreto de Macri fue declarado inconstitucional y nulo por un fallo judicial de segunda instancia y está a estudio de la Corte Suprema.
Además, el Comité de la ONU exigió a Argentina que revise todos los casos de expulsiones que se hayan concretado desde la sanción del decreto y los que están pendientes de resolución, para «garantizar la unidad familiar».
La relatora para Argentina del Comité, María Landázuri, evocó el caso de una mujer peruana, madre de tres niños argentinos -de 14, 5 y 2 años – que fue deportada por sus antecedentes penales en febrero pasado y separada de sus hijos. Tras la difusión mediática del caso, el 2 de septiembre fue autorizada a reingresar al país.
La mujer había sido detenida en 2011 como mula de una banda de narcotraficantes y cumplió una condena de cuatro años de cárcel.
Además, el Comité «mostró preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití, el colectivo LGBTIQ y trabajadores de la industria textil», indica el comunicado de CAREF.
De de los 44 millones de habitantes de Argentina, un 4,5% es inmigrante, según cifras de la ONU.