El mundo sindical reaccionó al unísono ayer contra la reforma del cálculo jubilatorio puesta en marcha por el gobierno provincial, al denunciar que la medida rebaja los haberes previsionales y advertir que recurrirán a la Justicia tras haberse convertido en ley.
Encabezados por el secretario general de la CGT Regional Córdoba y del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, las organizaciones sindicales que representan a trabajadoras y trabajadores aportantes a la Caja de Jubilaciones provincial plantearon su repudio a la medida en una conferencia realizada en la Casa de la Historia del Movimiento Obrero.
Cada reforma significó siempre un retroceso de derechos y por eso rechazamos la armonización (de la Caja provincial con la nacional). Uno de los puntos principales de la medida es el cambio de la forma de cálculo del haber inicial, ya que se toman como promedio los últimos diez años de trabajo y no cuatro como estaba en vigencia hasta ahora”, remarcó Pihen. Otro aspecto que repudiamos es la rebaja del haber previsional, que se calculará en torno al 82% sobre el 82% (67% del salario activo), dejando atrás la fórmula anteriormente vigente del 82% sobre el 89% (73% del sueldo activo)”, completó el referente de la principal central obrera de la provincia.
Pihen confirmó que las pensiones también sufrirán una rebaja en sus haberes porque pasarán del 75% al 70%, y anunció que ante la imposibilidad de realizar movilizaciones por las políticas sanitarias de aislamiento social, recurrirán a la Justicia y presentarán todos los recursos necesarios -colectivos e individuales, tal como resuelva cada gremio- para revertir la medida”.
El ajuste es ampliamente repudiable, sobre todo por el momento crítico con un pico de contagios por coronavirus”, aseveró Pihen
La conferencia contó con la presencia de gremios como el SEP (empleados públicos), Suoem (municipales), Luz y Fuerza (Epec), Sadop (docentes privados), Uepc (docentes), Agepj (judiciales), SELC (legislativos) AMET (enseñanza técnica), Ademe (docentes), UPS (personal superior), Sirelyf (Epec), Asociación Bancaria, Acec (casinos), APSE (personal superior de Epec), Sivialco (viales), más otras organizaciones del sector privado que apoyaron el reclamo de los trabajadores que aportan a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
A su turno, bajo el título Autoritarismo en Córdoba”, las versiones locales de la CGT Rodríguez Peña, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, emitieron una declaración en la que argumentaron que en vísperas de la Navidad de 2015, (el gobernador, Juan) Schiaretti presentó a la Unicameral el proyecto de ley que se sancionó sobre tablas con el número 10.333, sin posibilidad de discusión alguna porque hasta los legisladores oficialistas fueron obligados a votarla sin conocer su contenido.
Ahora, aprovechando maliciosamente la cuarentena dispuesta por la pandemia, Schiaretti presenta a la Unicameral para ser tratado también sobre tablas, un proyecto de ley para reducir inconstitucionalmente el haber jubilatorio y para completar la armonización con el sistema nacional”. Una vez más, el gobierno de Córdoba demuestra su insensibilidad para los trabajadores pasivos y su complicidad con los evasores seriales de la Fundación Mediterránea y de la Mesa de Enlace Agropecuaria, ajustando haberes previsionales y salarios”, enfatizaron estos gremios, que se declararon en estado de conflicto” y adelantaron que reclamaremos ante la Justicia por la inconstitucionalidad de la ley que se llegara a aprobar en base al proyecto remitido por el Ejecutivo provincial”.
La Uepc se declaró en estado de alerta y movilización
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) salió a declararse ayer en estado de alerta y movilización” ante la reforma del sistema jubilatorio aprobada en la víspera. Como hemos reiterado en innumerables ocasiones, la Caja de Jubilaciones de Córdoba no posee acreencias nacionales y viene recibiendo dichos aportes en tiempo y forma, por lo que no hay ningún tipo de argumento económico que pudiere justificar una nueva afectación de los derechos jubilatorios de las y los jubilados y pensionados cordobeses”, indicaron desde el sindicato que conduce Juan Monserrat, que también denunció que existe un aprovechamiento de la pandemia como oportunidad política para cercenar derechos consagrados, que deberían ser tutelados por el Estado a través de la adecuada gestión de los recursos de la ciudadanía”.