La Legislatura de la provincia modificó ayer la ley número 9.380 que regula el tratamiento de imágenes y sonidos que captan las fuerzas de seguridad para habilitar su utilización a 103 municipios y comunas que lo requieran por cuestiones de seguridad, control de contravenciones y delitos, o bien para el apoyo de las tareas de ordenamiento, planificación del tráfico automovilístico u otras competencias.
En nuestra provincia funcionan 2.259 cámaras de las fuerzas de seguridad, de las cuales 1.100 están instaladas en esta capital (incluyendo a las ciudades de La Calera, Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo). Las 1.159 restantes se encuentran repartidas en 102 municipios del interior.
En total, el 81% de la población de la provincia de Córdoba se encuentra bajo video vigilancia durante las 24 horas, con grabaciones que se almacenan en 1.200 teras. A este total de dispositivos hay que sumarle 1.040 cámaras que se encuentran instaladas en 260 móviles policiales, de los cuales 220 se desempeñan en nuestra ciudad y 40 en el interior.
El texto original establecía que la modificación apuntaba a que estas imágenes pudiesen ser utilizadas por cualquier organismo estatal (nacional, provincial o municipal). Ante la amplitud del término que habilitaba a todas las esferas estatales a utilizar esas imágenes, los legisladores optaron por acotar los alcances de la terminología para reducirlo solo a municipios y comunas”, que podrán acceder a esta información a través de convenios con el Ministerio de Seguridad, con los mismos protocolos con los que se trabaja con el Poder Judicial.
Con la ley sancionada, las cámaras de seguridad se utilizarán para el mantenimiento, preservación y tutela de la seguridad y convivencia ciudadana y demás fines previstos que contribuyan a la instrucción, coordinación y colaboración en la investigación y prevención de contravenciones, faltas y delitos, así como su utilización por otros organismos públicos estatales para el ejercicio de sus respectivas competencias”.
La legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Soledad Díaz García, rechazó la norma porque van a transformar a la provincia en un Gran Hermano para controlar a los ciudadanos mientras el Poder Ejecutivo no tiene control, es falso que plantea terminar con los problemas de seguridad”. En sintonía, Luciana Echevarría del MST se opuso a la reforma porque ninguno de los objetivos que plantea se va a lograr filmando a los vecinos, sino que se pone en peligro derechos esenciales de los ciudadanos porque eliminaron la palabra ‘confidencialidad’ del art. 5 de la ley 9.380”. Habilitan a municipios a utilizarlas con fines recaudatorios que no están por encima de los derechos fundamentales como la confidencialidad”, enfatizó.
Por su parte, Alberto Ambrosio, de la bancada Córdoba Cambia, dijo que la seguridad pública debe guardar la vida, la seguridad, y los bienes de acuerdo a las garantías constitucionales sin que exista discrecionalidad; pero éste no es el rumbo sino que tiene un fin recaudatorio con municipios que labrarán multas durante las 24 horas”. El rechazo de la UCR estuvo a cargo de Verónica Garade de Panetta, quien sostuvo que por un fin recaudatorio ponen en riesgo garantías jurídicas en nuestro régimen democrático, como la privacidad y la intimidad”.
Hasta el momento, el acceso a las imágenes por parte de los funcionarios judiciales se realizaba a través de un oficio judicial, que les permitía obtener un DVD con el archivo en un formato inviolable. Por eso, la modificación a la ley 9.380 establece que las imágenes podrán ser requeridas por jueces o fiscales que se encuentren avocados a la investigación y/o al juzgamiento de causas contravenciones o penales bajo su jurisdicción y por organismos públicos estatales.
Para rebatir a la oposición, el legislador del oficialismo, Juan Manuel Cid, recordó la sanción de la ley 9.380, y señaló que la privacidad y la intimidad de las personas está resguardada en el artículo noveno de la norma, que no se modificó. El tema de la privacidad de las personas, quienes son los que operan las cámaras, se debatieron hace 13 años y no ha habido una sola violación, ni una sola filtración de esas imágenes”, aseguró Cid, quien reconoció que esta modificación se va a utilizar para el labrado de multas y la constatación de contravenciones en los municipios. La ley instruye que la instalación de cámaras, así como el uso de las imágenes y sonidos que capten, estará sujeta a un régimen de autorización para que, a través del Ministerio de Seguridad, determine la ubicación en la que se colocarán en la vía pública, lugares públicos o de acceso público, exigiendo que la sociedad sea informada de manera clara y permanente sobre la existencia de cámaras, medios técnicos o sistemas similares, sin especificar su emplazamiento”. El proyecto impulsado por la legisladora de HPC, Alejandra Piasco, del departamento San Justo, fue convertido en ley con 49 votos afirmativos, 19 en contra, y dos ausencias.