Las repercusiones por la imprevista decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir la agroexportadora santafesina Vicentin Saic continuó ayer marcando la agenda política y económica nacional a punto tal que el propio jefe de Estado volvió a hablar con los medios de comunicación para defender su postura que tiene como fin, según reiteró, rescatar una empresa muy importante”. No me podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa se cae”, dijo Fernández, en la misma jornada en que sumó el apoyo de un grupo de trabajadores de la compañía cerealera, del gremio de los aceiteros e incluso de la Unión Industrial de Rosario, entidad que a través de su presidente, Mariano Ferracini, destacó como importante” que Vicentin quede en manos nacionales porque no es lo mismo lidiar con una multinacional que con una nacional. Eso hay que defenderlo”.
El gobierno justifica la intervención advirtiendo que la empresa ya hizo maniobras comerciales de venta de activos en medio de su disputa con los acreedores.
En el plano político, la idea del Ejecutivo nacional recibió un guiño del Partido Socialista (PS), la fuerza que logró conducir durante largo tiempo la provincia de Santa Fe y sus ciudades más importantes. Su presidente, Antonio Bonfatti, se mostró a favor de la intervención estatal y de discutir una ley de expropiación en el Congreso, a la vez que destacó la importancia de su rol como empresa testigo porque si no, el mercado de las oleaginosas queda en manos del capital extranjero”.
En línea con sus declaraciones, el PS emitió un comunicado que suscribe la posición definida por el único diputado nacional que el partido tiene en la Cámara baja, el santafesino Enrique Estévez, quién manifestó que en este contexto de crisis, es fundamental que la empresa siga funcionando para preservar las fuentes de trabajo, así como evitar la extranjerización”. En ese sentido, el socialismo reclamó que en la elaboración del proyecto de expropiación se contemple a los acreedores que son, en muchos casos, cooperativas y pequeños y medianos productores de la provincia de Santa Fe”. No convalidamos que ninguna deuda de privados se convierta en pública”, retrucó Estévez.
La postura del PS, que en Diputados integra el interbloque Federal junto con los lavagnistas y los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, da indicios que, en general, Estévez acompañaría la propuesta de expropiación oficialista, aportando un voto valioso al Frente de Todos para sacar adelante un proyecto con muchas divergencias; aunque en particular, el legislador oriundo de esa provincia intentará incorporar puntos afines a las proclamas de la histórica fuerza, esto es, que incluya al sector cooperativo, a los productores agropecuarios de la región y a los trabajadores en la mesa de negociación, entre otros puntos.
En la misma jornada, la empresa comunicó que para preservar la paz social” y evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía” y los derechos de los acreedores”, el directorio de la compañía tomó contacto con los interventores de la empresa nombrados por el Gobierno y pidió al juez que tiene a su cargo el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, que defina y determine el alcance de la intervención”. A última hora, trascendió que Fernández se reunirá hoy cara a cara con el CEO de la firma, Sergio Nardelli, nieto del fundador de la compañía. El encuentro tendrá lugar luego del diálogo telefónico que ambas partes mantuvieron el martes.
La lupa en los bancos públicos acreedores
Vicentin debe un total de 1.350 millones de dólares a 2.638 acreedores. Al tipo de cambio oficial, son casi 100.000 millones de pesos de deuda. Se calcula que alrededor de tres cuartas partes de la deuda fue contraída con el sistema bancario, mientras que el resto es deuda de la cerealera con los actores del agro. Entre los acreedores, sobresale el Banco Nación (18.000 millones de pesos), el Banco Provincia (1.800 millones), la compañía holandesa Netherlandse Financerings (9.000 millones) y la Afip (1.400 millones de pesos).
Ante esos números, el Senado comenzará a discutir mañana en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia con el Banco Nación. En caso de aprobarse, la comisión bicameral estará integrada por legisladores de ambas cámaras para determinar si el Nación cumplió los procedimientos correspondientes para los otorgamientos de los préstamos y sus refinanciaciones y si actuó en cumplimiento de la normativa vigente por el Banco Central.