El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena detuvo ayer a la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo; al ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y dispuso otras 20 detenciones más en una causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos, en infracción a la ley 25.520. En la resolución en la que ordenó las detenciones, Villena advirtió que la magnitud de la estructura ilícita reseñada (…) permite presumir que quienes habrían participado en los hechos cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal”.
El juez advirtió estar ante una organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado”. Entre los 22 detenidos, Villena ordenó apresar a los ex agentes orgánicos de la AFI Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo, entre otros espías; y a ex policías de la Ciudad de Buenos Aires, empleados del Gobierno porteño y del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. También quedó detenido el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien ya está preso en otra causa por espionaje, a cargo de otro magistrado de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.
Susana Martinengo, coordinadora de Documentación y Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri
Lo que Villena investiga, a partir de la documentación recolectada y los testimonios aportados a la causa, es que la AFI conducida por Gustavo Arribas realizó presuntas actividades de espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales y religiosos; entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes se presentaron como querellantes en el caso, junto a una decena de espiados. También, a ex funcionarios kirchneristas detenidos en la cárcel de Ezeiza por distintas causas penales.
Los ex agentes detenidos integraron una banda llamada SuperMarioBross”, a partir del grupo que formaron en el sistema de mensajería WhatsApp para intercambiar información sobre sus objetivos” de vigilancia. Se sospecha que esa información clandestina iba a Casa Rosada -donde los espías estuvieron al menos una docena de veces- y a través del jefe de la banda, Alan Ruíz, a la AFI. También, a través del secretario personal de Macri, Darío Nieto, directamente al ex presidente. En realidad, todo el entramado de operaciones de inteligencia está siendo investigado en 12 causas judiciales distintas que revelarían las mecánicas puestas en juego por el macrismo para espiar a propios y ajenos.
Nuevas víctimas del espionaje ilegal
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena investiga desde marzo pasado una presunta red de espionaje ilegal que tuvo como objetivos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el camarista federal Martín Irurzun, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el empresario Fabián de Sousa, entre otros.
Ayer se conocieron 21 nuevas víctimas en la causa, entre ellas la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, el ex intendente de Moreno Walter Festa; el ex intendente de Ramallo y actual funcionario nacional Mauro Poletti; la titular del Inadi, Victoria Donda; los diputados Eduardo Valdés, Leonardo Grosso, Carlos Castagnetto. También los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, y el dirigente social Juan Grabois. Villena ya citó a todos para que vayan al juzgado a conocer la prueba y decidir si se presentan como parte querellante.