En un contexto sin precedentes de crisis económica profundizada como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el oficialismo de Hacemos por Córdoba procurará hoy darle una solución a la crítica situación que atraviesa el transporte urbano, que ya acumula dos semanas ininterrumpidas sin servicio por un paro de actividades. Lo hará a través de la aprobación en el Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza que declarará, por el término inicial de un año, la emergencia en el sistema público de pasajeros de nuestra ciudad, lo que permitirá conservar las fuentes laborales, las frecuencias para los usuarios, y el boleto al mismo precio”.
El debate se desarrollará a partir de las 16:30 en una sesión especial virtual semipresencial, por medio de la plataforma Zoom, y solo contará con la asistencia de los presidentes de bloques y de las autoridades legislativas. La iniciativa impulsada por la gestión de Martín Llaryora fue analizada ayer en la comisión conjunta de Servicios Públicos y Legislación General del Concejo, donde recibió despacho favorable.
En la oportunidad, el secretario de Movilidad del municipio, Marcelo Mansilla, explicó que si no tomamos la decisión de contar con la declaración de emergencia, no podríamos reestructurar el sistema de transporte. Y nos quedaríamos sin nada porque hay muchas líneas y kilómetros improductivos que debemos cambiar para volverlo sustentable”. Estas acciones son tendientes a garantizar la fuente de trabajo. Sin estas decisiones las empresas son insostenibles. No queremos desequilibrar el sistema, queremos hacerlo sustentable en esta crisis. Son medidas extraordinarias y urgentes, que el contexto nos demanda”, aseguró el funcionario, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Movilidad, Gonzalo Guevara, y el director de Movilidad, Luis Oscar Ibarra.
Desde el oficialismo se hizo hincapié en que el transporte urbano viene sufriendo una profunda crisis en el marco de la cuarentena que rige desde el 20 de marzo pasado en todo el territorio nacional. Para poner en contexto dicha situación, se informó que en el primer semestre del año en curso, en comparación con igual período de 2018, la caída en el corte de boleto por cantidad de pasajeros que subieron a los colectivos fue del 60%. En tanto que las unidades recorrieron un 40% menos de kilómetros.
El boleto debería costar $ 236”
De tal manera, Mansilla dijo que si se tienen en consideración estas mermas, el boleto debería costar a la fecha, en términos de costo-rentabilidad 236 pesos”. El funcionario aclaró que la intención es conservar el valor actual ($ 31,90), mantener frecuencias adecuadas a la nueva realidad, y asegurar el 100% de los trabajadores. La ciudad de Córdoba tiene un porcentaje del 37% del valor del boleto subsidiado por Nación y Provincia. El resto surge del monto que abonan por pasaje los usuarios”, recordó.
En otro tramo de su exposición ante los concejales, el secretario de Movilidad municipal pronosticó que los 650.000 pasajeros diarios que circulaban antes de la pandemia no van a volver. Cada sector de la economía cuenta con su plan de movilidad. Además, el home office llegó para quedarse. Al igual que el e-learning. Esta nueva normalidad nos obliga a consolidar las líneas troncales, aprovechar mejor los horarios meseta, readaptar la ingeniería de las trazas, y planificar medios de transporte alternativos, como el ferrourbano o la bicicleta”.
A continuación, Mansilla descartó al transporte escolar como una opción de movilidad oficial para el futuro sistema. Jamás vamos a propiciar el transporte irregular. Queremos trabajar con las empresas, con las unidades habilitadas. Y si tenemos que convocar en el marco de la emergencia a algún otro prestador, será con la técnica, los seguros y el parque móvil autorizado. No vamos a avalar ni servicios masivos ni particulares que no estén regulados ni homologados. No está en nuestro pensamiento contratar al transporte escolar. Le hemos dado ayuda desde otra forma, pero no asignándoles las trazas o recorridos”, especificó.
Finalmente, el concejal Juan Domingo Viola resaltó que el plazo de la emergencia es por un año con posibilidad de ampliarse debido a que las consecuencias económicas de la pandemia aún son inciertas, por eso el plazo es prorrogable”.