En la continuidad de la polémica por el caso Solange Musse, la mujer de 35 años que falleció recientemente en Alta Gracia sin poder ver a su padre a quien no dejaron ingresar a nuestra provincia, el coordinador del Comité de Bioética y Derechos Humanos creado para el abordaje de la pandemia por el Covid-19 en Córdoba, Armando Andruet, contradijo ayer al titular del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Central, Juan Ledesma.
Andruet aseguró que desde el 15 de julio del corriente año existe un protocolo en el que está contemplada la visita de familiares de pacientes en estado crítico y el permiso que hubiera permitido a Pablo Musse despedirse de Solange antes de su deceso. Durante una reunión de la comisión de Salud Humana de la Legislatura provincial, Ledesma reconoció que durante la lamentable situación se podría haber actuado de otra manera, aunque justificó que las medidas adoptadas fueron en base a lo que establecía el protocolo del COE.
Hemos vivido con mucha congoja lo que sucedió con este padre, una situación lamentable, si bien considero que se actuó con seriedad en base al protocolo vigente, podríamos haber actuado con más humanidad”, admitió el funcionario al participar de un debate en torno al tratamiento de dos expedientes: uno relacionado con el establecimiento de protocolos de visitas para familiares de enfermos en situación extrema; y el otro sobre la garantía de asistencia a funerales.
Al respecto, Andruet explicó que en el protocolo 48 elaborado por el mencionado Comité de Bioética está contemplado el modo de actuar ante estos hechos. Me hubiera gustado que ese protocolo estuviera en otro lugar, lo digo delante del jefe del COE a quien conocí en esta situación, pero digo las cosas como tienen que ser a esta altura de la vida”, expresó el también ex vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Las recomendaciones que no se contemplaron
Andruet precisó que en ese instrumento de bioética hay tres aspectos que fueron considerados por los expertos para atender situaciones semejantes a las que ocurrieron. Estaba reflejada dentro del instrumento, eso no quiere decir que se haya aplicado pero quiero dejar claro que estaba contemplado, es un problema de ajustes en su aplicación”, aseguró Andruet para diferenciarse del encargado del COE Central. En la Unicameral, el reconocido jurista cordobés fue más allá y especificó que el protocolo 48 establece tres recomendaciones: la primera de flexibilidad en la que define que cada paciente deba ser visto como una persona con particularidades sobre la que hay que poner atención, esto es como el caso del padre que buscaba ver a su hija”.
El segundo punto del protocolo prevé la temporalidad. Nada de lo que está pasando es algo definitivo, tiene una dinámica propia, que tiene que ir adecuándose permanentemente”, observó Andruet. El último punto es el de la interacción con el entorno del paciente. Está absolutamente previsto que si la muerte ya es una tragedia, la muerte en soledad es doblemente trágica. En el protocolo ya estaba previsto que los pacientes que estaban por morir pudieran tener contacto con sus seres queridos”, afirmó el coordinador del Comité de Bioética y Derechos Humanos.
Cardozo prometió rever lo necesario para mejorar”
El ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, se refirió ayer por primera vez al caso Solange. El funcionario aseguró que dialogó durante 45 minutos con Pablo Musse, el papá de Solange, a quien el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Huinca Renancó le impidió ingresar a la provincia para despedirse de su hija, enferma terminal. Tenemos que analizar todos los pormenores que hemos tenido. Tuvimos dificultades en distintos estamentos del protocolo del ingreso, que ha llevado a diversas confusiones y que nos han generado este desenlace tan desafortunado que ha sido que un papá no se despida de su hija”, señaló. Al respecto, Cardozo agregó que hoy (por ayer) hablé con el papá más de 45 minutos. Y se lo dije a él y se lo garantizamos a nuestra gente: todo lo que haya que revisar, lo vamos a revisar, lo que tengamos que rever, lo vamos a rever, y lo que tengamos que mejorar, lo vamos a mejorar”.
Finalmente, el ex juez federal Guillermo Tiscornia presentó una denuncia contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Solange. En la presentación en carácter de denuncia o queja”, el abogado solicitó una medida cautelar para que ordene al Estado nacional que se suspendan los efectos derivados de la arbitraria e ilegal normativa dictada en materia de prevención sanitaria y para que se adopten todas las medidas que le garantice a la sociedad argentina el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria”.
Multas a los médicos
La respuesta oficial en la Legislatura ante los dos proyectos de la oposición que intentan asegurar el derecho al último adiós y a enterrar a sus deudos fue la de impulsar la modificación a la ley 6.222 -de organización del ejercicio de profesiones y actividades relacionadas con la salud- introduciendo multas no inferiores al equivalente del importe equivalente a uno a diez salarios de la categoría inicial del régimen de la Administración Pública Provincial prohibiéndoles subordinar el ejercicio de los derechos del paciente a reglamentaciones o protocolos que los limiten sin justificación médica y organizativa razonable, aún bajo condiciones de emergencia o catástrofe”.
La dignidad del paciente deberá armonizarse, en toda circunstancia, con el deber de cuidar la salud como bien social, sin que en ningún supuesto éste pueda invocarse para restringir aquella”, dice la modificación del artículo 7 de la ley que regula el ejercicio de profesionales de la salud impulsado por el legislador oficialista y presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González.
En igual sentido, establece en la modificación del artículo 73 de la mencionada norma que «las áreas o servicios en los que se organice el establecimiento, independientemente de su nivel o complejidad asistencial, deberán observar estrictamente en sus marcos de organización y prestación, los derechos y obligaciones que para cada profesión o práctica establece la legislación internacional, de fondo o provincial, impulsando una atención digna y humanizada, receptora en todo supuesto de los derechos del paciente” y que la infracción a esta obligación será considerada falta grave”.
Para estas faltas la reforma introduce una multa no inferior al importe equivalente a un salario de la categoría inicial del régimen de la Administración Pública Provincial que podrá llegar hasta un importe de diez salarios de esta categoría, que se podrá quintuplicar en caso de reincidencia.
Como complemento, González impulsa también la modificación de dos artículos de la ley 8.835 -Carta del Ciudadano-, referidos a los derechos de toda persona en la provincia en relación con la salud, añadiendo la posibilidad del acceso del entorno familiar a un paciente en situación crítica y las medidas aplicables al manejo de cadáveres y servicios de sepelio y acceso a su entorno afectivo inmediato.
Soledad Díaz García del Frente de Izquierda y los Trabajadores dijo que el proyecto presentado por González parte de la política aplicada por el oficialismo en las condiciones de trabajo de los médicos, le endilga la responsabilidad por las situaciones gravísimas, el Gobierno se evade de la responsabilidad y se las endilga al personal de salud, multan a los trabajadores que no respeten las políticas que ustedes no pueden establecer”, aseguró y se preguntó de qué manera podemos regular un organismo donde prima la represión”.