El presidente Alberto Fernández afirmó que «es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo», al anunciar el envío al Congreso de un proyecto para la legalización del aborto y otro para garantizar la salud integral de mujeres embarazadas y niños y niñas en sus primeros años de vida.
A través de un mensaje emitido a través de las redes sociales, el primer mandatario hizo oficial el anuncio de un proyecto que, como él mismo recordó, había comprometido durante su campaña electoral y también en su primer discurso ante el Congreso Nacional, en marzo pasado.
«He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida», dijo el jefe de Estado.
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<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades.<a href=»https://twitter.com/hashtag/QueSeaLey?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#QueSeaLey</a> <a href=»https://t.co/V7Lr6wBmuB»>pic.twitter.com/V7Lr6wBmuB</a></p>— Alberto Fernández (@alferdez) <a href=»https://twitter.com/alferdez/status/1328775329398329344?ref_src=twsrc%5Etfw»>November 17, 2020</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>
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Explicó que la segunda iniciativa «instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida».
Fernández subrayó que la criminalización del aborto -que se viene llevando a cabo como política punitiva en Argentina a excepción de los casos descriptos por el Código Penal- «de nada ha servido y solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes».
Recordó que «las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas» del actual sistema legal.
«Ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica. Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre», remarcó.
«Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa. La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Sólo resuelve un problema que afecta a la salud pública», añadió.
Además, se refirió a la experiencia internacional y citó los casos de Ciudad de México y de Uruguay, donde la legalización permitió que «disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan».
«El debate no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino», agregó.
Fernández desestimó que la legalización del aborto implique «una carga extra para el sistema de salud», ya que «los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS (Organización Mundial de la Salud) son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos».
En lo que refiere al otro proyecto de Ley, el Programa de los Mil Días, dijo que buscará «bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida».
«Este proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a pagarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años», detalló.
También se extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo (AUE): hasta ahora se perciben 6 mensualidades y con este proyecto se extiende a 9 mensualidades, abarcando la totalidad del embarazo, explicó Fernández.
Se amplía además el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio, y se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes.
«De este modo, buscamos establecer un abordaje especial para la detección oportuna de riesgos durante el embarazo, tal como el caso de presunción de trombofilia. Para estos casos se prevé el acceso gratuito a estudios diagnósticos y un modelo de atención específica», agregó el mandatario.
De ser aprobada, la ley también creará el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
«Finalmente, se proponen políticas prioritarias de genero fundamentales para prevenir y detectar de manera temprana situaciones de violencia de género y violencia sexual o abusos en personas embarazadas, niños, niñas y adolescentes», dijo Fernández.
El Presidente cerró su mensaje proponiendo «un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático» parlamentario y pidió cuidar «el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia».
«Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley», concluyó.
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, el proyecto de ley que tratará primero la Cámara de Diputados habilita la «objeción de conciencia» por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá «el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo» si el mismo «fuere resultado de una violación», cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona.
Además, se señala que la práctica deberá llevarse a cabo «en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento», asegurándose el trato digno, la privacidad, la confidencialidad y la calidad durante el proceso.
En tanto el Plan de los Mil Días apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años.
«Vamos a debatir, persuadir y explicar», dijo Ibarra sobre el tratamiento del proyecto
La Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que en el Congreso van a «debatir, persuadir y explicar» la necesidad de que el proyecto de legalización del aborto sea ley, y afirmó que el Gobierno nacional quiere «un debate muy respetuoso de las ideas ajenas», conscientes de la «diversidad de opiniones».
«Queremos un debate muy respetuoso de las ideas ajenas, con diversidad de opiniones», dijo la funcionaria y adelantó:»Vamos a debatir, persuadir y explicar que las cosas como están hoy están muy mal».
En diálogo con la señal de noticias TN, Ibarra dijo que en Argentina desde 1921 «se penaliza el aborto y los abortos suceden igual, y de a cientos de miles» y precisó que las estimaciones hablan de 370.000 abortos por año.
Por eso, «no podemos mirar para otro lado y decir que el problema no existe», porque es «un problema de salud pública» que afecta a mujeres «para las que la maternidad forzada no es una opción» con «prácticas inseguras y clandestinas» que ponen en riesgo su salud y hasta su vida .
La funcionaria señaló que el envío del proyecto, junto con el Plan de los 1.000 días para el cuidado de la mujer gestante y su hijo en los primeros tiempos, fue un compromiso del Presidente ante la Asamblea Legislativa en su primer discurso y también una promesa de campaña.
En cuanto a su tratamiento en el Congreso, Ibarra asumió que saben que en el Senado será «difícil», aunque dejó claro que igualmente es «posible» su acuerdo allí.
«Sabemos que es difícil pero también que es posible», dijo sobre cómo estiman que será su paso por el Senado, luego de que obtenga media sanción en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con el apoyo de otros espacios políticos para obtener los votos.