Mientras un grupo importante de organizaciones feministas y a favor de los derechos de las mujeres realizó ayer una caravana para apuntalar la llegada al Congreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), distintos actores políticos y sociales de Córdoba comenzaron a perfilar los ejes del debate político parlamentario. Para la diputada Gabriela Estévez (Frente de Todos), el envío de la normativa viene cumplir una promesa dada por el presidente Alberto Fernández.
Hemos atravesado las instancias de discusión y hay varias cuestiones saldadas asique confiamos que avanzará”, señaló la parlamentaria kirchnerista. En tal sentido, aseveró que a diferencia del proyecto del 2018, el actual incluye la objeción de conciencia del personal médico. Los abortos en adolescentes de 13 a 16 años requieren de un referente afectivo adulto, no necesariamente un familiar, porque se entiende que en ese periodo etario se puede tener relaciones con consentimiento”, agregó.
En tanto, desde el Frente de Familias por la Vida y padres autoconvocados rechazaron el proyecto y reiteraron que todos tenemos derecho a la vida”. Para la organización, la iniciativa se basa en el mismo principio que utilizan las femicidas: ‘la maté porque era mía’. Porque me molesta, lo elimino”.
En un comunicado, la organización explicó que la legalización del aborto es el triunfo del machismo y el fracaso de las políticas sociales y la solidaridad social”. En el texto se da cuenta que su imposición en nuestro país obedece a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y contradice incluso los intereses geopolíticos nacionales”. Por su parte, Betiana Cabrera Fasolis, médica y referente del colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala), remarcó que en lo que va de la pandemia, hubo 40.000 internaciones por abortos clandestinos y 3 mujeres muertas”.
Si bien ponderó la iniciativa, la dirigente se mostró en desacuerdo con la introducción de la objeción de conciencia y con las 14 semanas estipuladas como plazo para poder realizarse la intervencón.
Finalmente, el fiscal de Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, ordenó a la policía que proteja inmuebles, iglesias y monumentos históricos para evitar pintadas en las fachadas en las futuras movilizaciones. Ningún edificio puede ser dañado y por ello se ha dispuesto un dispositivo al respecto. Pintar fachadas constituye el delito de daño”, indicó Garzón.