En el último tramo del plenario de comisiones donde expusieron 20 oradores, la diputada oficialista Cecilia Moreau, titular de la comisión de Legislación General -cabecera del plenario-, también anuncio que se postergará la firma del despacho sobre el «Programa de los 1000 días», una iniciativa que contempla beneficios de salud integral para las personas gestantes y para bebés de hasta tres años.
La segunda ronda informativa tuvo doble jornada a la mañana y a la tarde, cuando los expositores que defienden el proyecto, presentado por el Ejecutivo, argumentaron que responde a un «problema de salud publica», mientras que los retractores insistieron en que la Constitución Nacional garantiza la vida desde la concepción.
En la reunión, Moreau también advirtió hoy que las personas que envían correos electrónicos intimidatorios por su posición sobre el proyecto de legalización del aborto «van a ser denunciados e investigados».
«No vamos a tolerar esta situación. Van a ser denunciados e investigados, vengan de donde vengan y vayan hacia quién vayan así que no pierdan más el tiempo”, señaló la legisladora.
Los mails con intimidaciones se suman a escraches que sufrieron el diputado radical Facundo Suarez Lastra y los familiares de la legisladora del Frente de Todos Carolina Gaillard.
Moreau mantuvo algunos contrapuntos con la médica «por la vida» de Tucumán Gisela Reynaga, quien tuvo conceptos muy duros sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, cuando la profesional de la salud sostuvo que el camino es «brindar seguridad a la madre».
«¿El camino no será brindar seguridad a la madre para que transmita esa tranquilidad al niño en su seno? Para ello necesitamos un entorno social seguro. Una sociedad que no se rinda a políticas mal llamadas salud pública. Tenemos una constitución pro-vida, que defiende la vida de la madre y del niño por nacer”, indicó Reynaga.
En la audiencia realizada a la tarde también expuso la diputada porteña Myriam Bregman, quien reclamó que «todas aquellas instituciones que nos niegan derechos no tengan más injerencia en nuestras vidas, en las leyes o en la educación» porque «no queremos injerencias de las iglesia».
El abogado Fernando Toller consideró que este proyecto «es una ley de fomento del aborto» y pidió que le «den oportunidad a cada ser humano ya que no podemos devolver la vida a las miles de vidas que se ha llevado el Covid 19 y no le sumemos mas desolación».
En tanto, la subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, Sonia Terragona, señaló el sistema de salud está «pagando los costos» por los abortos clandestinos ya que «lo único que se hace fuera del sistema es propiamente la práctica del aborto, pero las complicaciones, atenciones, visitas a los profesionales, todo se sigue haciendo en el sistema formal».