La asociación civil Portal de Belén, a través de su apoderado Rodrigo Agrelo, presentó ayer un recurso de amparo en los Tribunales Federales de Río Cuarto en contra de la reciente ley número 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En su escrito, de 122 páginas, pidió al Estado nacional que se declaren nulos e inaplicables en todo el territorio nacional por ser contrarios a la Constitución Nacional los arts. 1, 2, 4, 5, 16 y 21 de la ley 27.610 cuanto coordinadamente establecen como `derecho´ de la persona gestante, la posibilidad de eliminar la vida de sus hijos concebidos, acción de destruir una vida, que ahora pasa a llamarse eufemísticamente interrupción voluntaria del embarazo”. Eliminación arbitraria y a solo la voluntad de la gestante hasta las catorce semanas de vida, entre otras situaciones, sin que ninguna causa objetiva y suficientemente grave lo justifique”, indicaron en el escrito.
En la demanda, justificaron su carácter de asociación legitimada para hacer este tipo de reclamos, como el que hizo en 2002 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
A pesar de que en el debate en el Congreso y en las comisiones del Senado y de Diputados, quienes impulsaban la normativa dejaron en claro que la ley no es inconstitucional y que no va en contra de los tratados internacionales a los cuales adhiere Argentina, lo cierto es que ahora la Justicia deberá expedirse. La justicia federal de Río Cuarto deberá ahora decidir si hace lugar o no a la demanda. La presentación de Portal de Belén es el primer recurso de amparo presentado pero no es la primera acción judicial contra la IVE en Córdoba ni el país.
En los Tribunales Federales de San Francisco, y también en el de Córdoba, una asociación denominada Derechos Humanos y Violencia de Género” realizó a mediados de enero una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y todos los legisladores que votaron a favor, con pedido de inconstitucionalidad y hasta de juicio político. La denuncia fue formulada en el Juzgado Federal de feria en San Francisco y en el de Córdoba, a cargo de Roque Rebak y Hugo Vaca Narvaja, respectivamente.
Para la abogada de Fundeps y miembro del Cuerpo de Abogadas Feminsitas (CAF), Mayca Balaguer, el amparo de Portal de Belén es una de las acciones esperables por parte de quienes se han organizado a través de los años para retrotraer derechos sexuales y reproductivo de las mujeres”.
No es la primera vez que esta organización lo hace para dar marcha atrás con la conquista de derechos de las mujeres y eligen un terreno favorable para ellos, que es el judicial. En la calle y en el Poder Legislativo no ganan y eligen los tribunales donde han tenido más recepción”, consideró.
A su vez, reconoció que la discusión por la constitucionalidad de la ley ya fue saldada en las dos discusiones en el Congreso de la Nación (2018 y 2020) pero que también se puede llevar la discusión a la Justicia, aunque entendió que no sería correcto que mientras se de esa discusión se dé lugar a una cautelar que suspenda la aplicación de la ley y de un derecho conquistado”.
El control de constitucionalidad en Argentina es difuso y se hace con casos concretos. Vivimos en un sistema republicano y si se quiere hacer un test de constitucionalidad y llevar la discusión a tribunales, está bien, pero el pedido de medidas cautelares creo que es una maniobra dilatoria y obstaculizadora. Saben cómo usarla y les ha dado efecto en Córdoba tal como sucedió con el protocolo para atención de interrupciones legales del embarazo que estuvo suspendido durante siete años”, recordó la abogada.
Balaguer también hizo hincapié en que hasta ahora contabilizan unas 14 judicializaciones contra la ley en todo el país. Usan recursos diferentes, como denuncias, amparos, declarativas de inconstitucionalidad y lo hacen en distintas provincias, en el fuero ordinario y también en el Federal. No sé si se trata de una estrategia adrede para que el Estado deba responder una a una o para que luego se de un per saltum” que les permita llegar a la Corte Suprema sin pasar por las instancias anteriores”, indicó Balaguer. También evaluó que otra de las posibilidades es que la Justicia una las causas y las lleve a un fuero.
En cuanto a la discusión sobre la constitucionalidad del aborto recordó que en el ámbito judicial la Corte Suprema de Justicia con el fallo FAL de 2012 ya hizo un test de constitucionalidad en el que aseguró que el aborto era no punible bajo los supuestos previstos por el Código Penal en ese entonces y que no contradice normas ni convenciones internacionales. La ley IVE lo que hace es agregar supuestos a lo ya contemplados anteriormente como no punible. Ahora se agrega el plazo de la semana 14 para que sea no punible”, aclaró.