Tras dos años de estar vacante, el gobernador Juan Schiaretti remitió ayer a la Legislatura de Córdoba una propuesta formal para solicitar que el cuerpo apruebe la designación del nuevo fiscal General de la Provincia. Se trata del magister y abogado, Juan Manuel Delgado, quien no es un conocedor del derecho penal, sino del comercial, lo que causó sorpresa en el ámbito de los Tribunales locales. El cargo de titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) permanece sin ocupar desde el 14 de marzo de 2019, cuando venció el mandato de ocho de Alejandro Moyano. Desde entonces, los cuatro fiscales generales adjuntos se encuentran a cargo del MPF. Pero en la práctica, los que comandan la repartición son dos: José Gómez Demmel, vinculado al schiarettismo, y Héctor David, de confesa militancia delasotista.
Lo concreto es que, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 9° de la Constitución Provincial, el Gobernador elevó el documento con la nominación de Delgado, acompañado por las firmas del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julián López, y del fiscal de Estado, Jorge Córdoba. El gobernador Schiaretti ha firmado la propuesta de designación del fiscal General de la Provincia, que ha sido elevada a la Legislatura provincial para su evaluación y tratamiento correspondiente”, explicó López.
Asimismo, el funcionario destacó que el candidato propuesto es una persona de amplia trayectoria en el ámbito privado y que también es docente universitario, tanto en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba como en la Universidad Católica de Córdoba, también tiene trayectoria en el ámbito jurídico de la provincia”. Según se detalló en un comunicado, Delgado es abogado, escribano y tiene un Máster en Asesoramiento Jurídico. Se desempeñó profesionalmente en el ámbito privado desde 1994, y en mayo de 2019 fue designado Procurador del Tesoro de la Provincia, entre otras actividades.
Según trascendió, el Negro” Delgado mantiene una estrecha amistad con el mencionado Gómez Demmel, y tiene además un excelente trato con el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Ricardo Sosa. Desde ese lugar conforma ese círculo de confianza del schiarettismo, reveló el periodista Juan Manuel González. Delgado fue abogado defensor de Carlos Laje cuando el ex yerno de José Manuel de la Sota, quien era director del Observatorio de Salud, fue acusado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de prácticas fraudulentas” en el manejo de fondos internacionales.
Con antecedentes vinculados al catolicismo
Quienes lo conocen en el fuero local recuerdan que el primer trabajo de Delgado como abogado fue en el estudio de Jorge Rafael Scala, un destacado representante de los sectores más tradicionales del catolicismo, quien llegó a plantear un recurso de amparo contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, entre otras acciones. Los colegas de Delgado consultados definen al próximo fiscal General como un hombre de la Iglesia” (algunos lo consideran directamente como un miembro del Opus Dei).
Otro dato, de contexto: en 2002, Scala y Aurelio García Elorrio lograron que se dejara de comercializar la llamada píldora del día después”. Como experto en derecho comercial, condujo el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio, entidad de la que fue su secretario en 2018. A este último cargo llegó como representante de un importante estudio de empresas y sociedades: Pereda, González Leahy, Delgado, Arroyo Abogados.
Para la oposición, es un empleado” del Gobernador
La postulación del abogado Juan Manuel Delgado como nuevo fiscal General de la Provincia generó ayer fuertes críticas por parte de referentes políticos de la oposición. Por caso, el legislador de la UCR, Dante Rossi, advirtió que en vez de elegir algún jurista independiente resolvió a favor de un empleado del Gobierno, para así garantizar que nada se investigue en la Provincia”. El parlamentario radical aseguró además que la calidad institucional de Córdoba es pésima”. Por su parte, la Junta Ejecutiva Provincial de la Coalición Cívica-ARI Córdoba alertó que bajo el supuesto cumplimiento del deber del Gobernador de designar al fiscal General, en realidad estará dando un paso fundamental en la colonización del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo”.