Por un lado, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, y por otro avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción.
El objetivo de ambas acciones es validar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.
Para el Gobierno, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de las clases en la Ciudad es un fallo a medida del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Saben que se trata de una discusión política y advierten que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida.
Alberto Fernández enfatizó que el fallo es «un estrago jurídico». «Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia Por eso la ciudad fue directo a la Corte», argumentó el jefe de Estado en declaraciones a El Destape.
Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, también cuestionó el fallo que cedió al interés del Gobierno de Rodríguez Larreta para que las aulas continúen abiertas, al señalar que la resolución judicial es un «mamarracho jurídico», que tiene una «explicación política».
«El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos», escribió en Twitter.
Soria advirtió que se trata de «una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales». «Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política», expresó el ministro.
A la vez, señaló que «la fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida».
En tanto, el Ministerio de Salud nacional advirtió que la presencialidad en escuelas «puede implicar un bajo riesgo individual» pero «alto riesgo colectivo, según el análisis epidemiológico», al publicar por redes sociales un gráfico que compara la evolución de casos totales de coronavirus y de aquellos entre la población escolar desde el inicio de clases presenciales en el AMBA.
«El análisis de la curva epidémica en el grupo de población en edad escolar indica que desde el comienzo del ciclo lectivo se ha producido un aumento exponencial del número de casos, similar -y aún mayor- a lo observado en la curva de la población general», indicó el ministerio.
La cartera que encabeza la ministra Carla Vizzotti añadió que «comparando las dos semanas previas al inicio de clases y las últimas dos semanas, se observa que los grupos de edad escolar presentan un aumento proporcional mayor al resto de las edades».
En tanto, la escalada de la segunda ola de coronavirus puso en tensión al sistema de salud porteño, especialmente al sector privado, que tiene una ocupación del 95% en terapia intensiva, mientras que en los hospitales públicos subió hasta al 61,1%, lo que configura una situación «crítica» y de «saturación», advirtieron distintas fuentes y especialistas del sector sanitario consultados por Télam.
Además, los casos de coronavirus en la población en edad escolar registraron en el país un crecimiento a partir del inicio del ciclo lectivo este año en la modalidad presencial, según gráficos elaborados por el Ministerio de Salud en base a los datos epidemiológicos.