El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart resultó sorteado ayer para intervenir en la denuncia que presentó el gobierno nacional contra el ex presidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
El sorteo se realizó en la Cámara Nacional del fuero, que interviene en la pesquisa por tratarse de un posible delito de contrabando agravado”, en donde también quedó radicada otra denuncia presentada por el ex juez Eduardo Freiler. En la denuncia del Gobierno, el fiscal será Claudio Navas Rial, el mismo que interviene en la denuncia formulada por Freiler, que cayó en el juzgado en lo Penal Económico 4, a cargo del juez Alejandro Catania, ahora subrogado por Rafael Caputo. Los jueces deberán decidir ahora si unifican ambas denuncias y, en tal caso, en qué juzgado.
Por lo pronto, el ministro de Justicia, Martín Soria, advirtió que hay tratados de extradición” vigentes con Bolivia y afirmó que la única mancha que le faltaba al prontuario del macrismo era apoyar dictaduras en la región”. Nunca antes en la historia un Presidente argentino contrabandeó armas y municiones para garantizar un golpe de Estado en un país hermano como es Bolivia”, advirtió Soria, quien consideró que los hechos son contundentes: hay contrabando agravado con violación del Código Aduanero. El Código Penal, a los funcionarios macristas, les quedó chico”, sentenció.
Los funcionarios macristas son plausibles de ser juzgados en tribunales internacionales y eso es lo que los tiene tan nerviosos”, agregó Soria, quien consideró que hay un concurso de hechos”. El macrismo cargó las armas con que la fuerza militar (boliviana) masacró a su propio pueblo”, afirmó Soria, quien explicó que se ocultó a los funcionarios de Aduana y de otras dependencias, el verdadero destino del envío”. El ocultamiento convierte a los funcionarios de Macri y al propio Macri en partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional, contra la democracia de un país como Bolivia con el cual Argentina tiene suscriptos tratados internacionales, incluso sobre comercio de armas”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani Laura, informó que los ministerios de Justicia, Gobierno y la Cancillería realizan investigaciones para determinar si hubo intervenciones extranjeras durante el golpe de Estado contra Molares. Además, el canciller de Bolivia en Argentina, Rogelio Mayta, aseguró que existe la posibilidad” de que Macri o algún funcionario suyo tengan que declarar en la investigación en Bolivia, aunque eso le tocará definir a los fiscales y jueces”, aclaró. Mayta aseveró que hubo una articulación internacional que proveyó material para que el Gobierno de Áñez pudiera desplegar una política de terrorismo de Estado para mantenerse en el poder” y el caso argentino confirma esa certeza.
Desmentida de Álvarez García
El ex embajador argentino en Bolivia durante la gestión Cambiemos y actual ministro de Trabajo de Jujuy, Normando Álvarez García, afirmó ayer que, bajo su conducción, la delegación diplomática no estuvo involucrada en algo raro”, pero admitió que pudo existir un circuito paralelo en un momento de anarquía e irregularidades”.
La embajada argentina no participó en nada en contra del Gobierno de Evo. Como Embajada no estuvimos involucrados en algo raro, claro que siempre puede existir un circuito paralelo. Era un momento de anarquía e irregularidades”, señaló el actual funcionario jujeño, quien aseveró que llegó el armamento, lo llevaron a la Embajada y la residencia. De ahí, que se haya llevado a otro lado, ¿qué se yo?”.
Pasan a retiro a tres gendarmes
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, adelantó anoche que pasará a retiro a gendarmes que formaron parte de la misión enviada por el ex presidente Mauricio Macri a Bolivia que habría servido como coartada para desviar material bélico al gobierno de facto de Jeannine Áñez, según la denuncia oficial.
Hoy di la orden a la Gendarmería de que se acelerara el proceso de pase a disponibilidad de tres de los (gendarmes) involucrados”, reveló la funcionaria, quien presentó la denuncia oficial. La denuncia pone en manifiesto la concurrencia de una serie de dependencias y autoridades durante el gobierno de Macri para hacer posible este desvío del material antitumultos sobre todo. Ahí participó el Ministerio de Seguridad de Bullrich”, dijo.