El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, afirmó ayer que legalmente existe la posibilidad” que la justicia en su país ordene extradiciones, interrogatorios y operaciones fiscales a funcionarios argentinos que hayan participado en el envío de material represivo” a la nación andina durante noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado contra Evo Morales.
La justicia boliviana tiene como posibilidad solicitar extradiciones y tomar interrogatorios fuera de nuestra frontera como parte de la operación judicial. Pero esas decisiones las tomarán los fiscales que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional. Legalmente existe esa posibilidad”, aseguró Mayta.
Ayer, las autoridades de la policía boliviana confirmaron que en los depósitos de la fuerza se encontraron parte de las armas enviadas por la gestión de Mauricio Macri en noviembre de 2019, lo que confirmaría el desvío ilegal del material bélico, supuestamente destinado a proteger la embajada Argentina en La Paz.
A la vez, una veintena de organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica repudiaron el envío de material represivo a Bolivia en un documento conjunto donde exigieron justicia y que ambos países pidan la captura del ex mandatario argentino.
Exigimos que ambos países asuman acciones a la brevedad, pidiendo la captura de Mauricio Macri y de todos los implicados en la planificación y consecución del golpe, para que sean juzgados adecuadamente”, dice el texto firmado por 21 organizaciones de diversos países de Latinoamérica.