El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena dispuso ayer la prohibición de salida del país de los 19 tripulantes del avión que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza, tras un procedimiento ordenado durante la madrugada en el hotel que aloja a los pasajeros, donde se secuestraron computadoras, tablets y teléfonos celulares. Un día antes, el magistrado había ordenado retener los pasaportes de cinco ciudadanos iraníes integrantes de la tripulación, pero luego resolvió que los 19 investigados tengan prohibida la salida del país, informaron fuentes vinculadas a la investigación que permanece bajo secreto de sumario.
En el procedimiento, los funcionarios judiciales secuestraron los pasaportes de 14 ciudadanos venezolanos tripulantes del avión, ya que la documentación de los iraníes estaba resguardada en la Dirección Nacional de Migraciones. Además, fueron secuestrados 18 teléfonos celulares, 7 computadoras tipo notebooks y 5 tablets que serán sometidos a peritajes que realizará la división de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El procedimiento, a cargo de la división antiterrorismo de la Policía Federal, comenzó en la noche del lunes en el hotel “Plaza Canning” y se extendió hasta la mañana de ayer, lapso en el que los efectivos policiales revisaron las habitaciones de los 19 tripulantes del avión de carga de la empresa pública Emtrasur, que llegó al país el lunes 6 de junio.
Los efectivos ingresaron al establecimiento con orden judicial en busca de elementos de interés para la pesquisa, como computadoras personales o “pendrives”, que podrían estar en posesión de los pasajeros de la aeronave.
Mientras se realizaba la requisa, todas esas personas aguardaron afuera de sus habitaciones mientras que se contó con la asistencia de un traductor de inglés ya que los ciudadanos iraníes no hablan español, precisaron las fuentes.
El secreto de sumario se impuso a pedido de la fiscal del caso Cecilia Incardona, quien impulsó la investigación y pidió medidas de prueba para determinar si alguno de los tripulantes del avión tiene vínculos con el terrorismo internacional. En tanto, la aeronave permanece bajo custodia en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sin combustible.
El vuelo traía repuestos fabricados por la autopartista Faurecia, que la automotriz alemana Volkswagen necesitaba para terminar autos que se producen en la Argentina.
En paralelo a la investigación judicial se sucedieron una seguidilla de acusaciones entre el oficialismo y la principal fuerza opositora por el devenir del avión. Mientras que desde el PRO insistieron en que fallaron los controles, desde el Gobierno respondieron que actuaron correctamente porque las alertas llegaron cuando el avión ya estaba en Ezeiza. Por caso, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió a la Justicia que “investigue a fondo” el asunto y cuestionó el accionar de la administración de Alberto Fernández.
“Es una vergüenza. Una muestra más de la contradicción de lo que ha sido nuestra política exterior. Ninguno de los sistemas de seguridad de alarma parece haber funcionado. Es inadmisible, en esto cruzaron todos los límites”, afirmó. Desde el PRO, sospechan que se trata de un “operativo de inteligencia iraní-venezolano en el Cono Sur”.
Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, vinculó al ex presidente Mauricio Macri con el caso de la aeronave, a partir de su afinidad con Horacio Cartes, ex mandatario de Paraguay, país desde donde el avión trasladó hace pocas semanas un cargamento millonario de cigarrillos hacia Aruba.
“Hay un interés político” para “tapar la presencia de una tabacalera socia de un político argentino”, dijo el tigrense. “Hay que ver qué representan estos vuelos internacionalmente, en cuanto a inteligencia y armas, sino también contrabando y narcotráfico. Qué pasó en Paraguay, el viaje a Aruba y quiénes están involucrados”, planteó Massa en su declaración a la prensa, haciendo un paralelismo sobre el avión en la Argentina y un reciente vuelo en el vecino país.
“No aparece la palabra terrorismo”
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, justificó el accionar del Gobierno argentino al sostener que la palabra “terrorismo” no aparece en la calificación política que Estados Unidos hace sobre Conviasa, la línea aérea oficial de Venezuela (vinculada a la compañía pública Emtrasur). Como hipótesis, planteó que “los iraníes son instructores y a los venezolanos les estaban enseñando a pilotear”.
“En ningún momento se recibió algún tipo de alerta roja sobre los pasajeros del avión. La palabra terrorismo no aparece en la calificación política que el Gobierno de Estados Unidos hace sobre la empresa. Dice que se dedica a transportar funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y que quien les prestase colaboración tendrá bloqueos y sanciones”, argumentó Rossi en declaraciones radiales.