El flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, se propone debutar en el cargo con una medida de fuerte impacto: la eliminación o la reforma de unos 60 organismos públicos a través de un decreto, que los sacará del organigrama estatal de un tirón, se achicarán considerablemente o se fusionarán con otras áreas.
La lista del conocido como “decreto 51” todavía está preparándose, pero incluirá áreas que funcionan bajo la órbita de los ministerios de manera descentralizada, según trascendió en diversos ámbitos. Los pocos ejemplos que se revelaron son el Instituto Nacional de Juventudes (Injuve), que depende del Ministerio de Capital Humano bajo la órbita de Sandra Pettovello; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), que funciona en la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y donde acababan de nombrar al ex funcionario de Mauricio Macri, Claudio Avruj; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que depende de la cartera de Justicia. Pero serán unas 60 entidades, de mayor o menor magnitud.
Los fundamentos de la medida no se conocieron, pero presumiblemente girarán en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, o que fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista para desviar fondos públicos. Como ya ha hecho en muchas otras áreas, en lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas. Lo que se sabe es que el ministro Sturzenegger trabaja desde marzo en este plan, aun antes de asumir en el cargo, con la intención de reducir la estructura del organigrama estatal sin la necesidad de someter las medidas al voto del Congreso.
Vale recordar que con la Ley Bases quedaron fuera del alcance presidencial organismos como el Conicet, Anmat, Anlis, CNEA, Conae, Incucai, Inta y Senasa, entre otros. El fin principal es recortar presupuesto, aunque probablemente deban gastar millones en indemnizaciones por despidos, o en retiros voluntarios. Y en Gobierno aseguraron que, en el fondo, la medida servirá al plan de terminar con las “trabas del Estado”. “El problema no es la cantidad de empleados, sino tener a esos empleados creando impedimentos desde la estructura”, dijo un “importante asesor” del jefe de Estado en el diario Infobae. Para más, en Gobierno aseguran que está firme la meta de alcanzar las 70.000 desvinculaciones que se habían fijado a poco de asumir.
Cierran un plan de salud comunitaria
El Ministerio de Salud anunció el cierre del Programa de Becas de Salud Comunitarias debido al “reordenamiento” que viene realizando y “por no cumplir con los objetivos para los que había sido creado”.
Según la cartera, el objetivo es “fortalecer y hacer más eficiente la asignación de recursos” teniendo en cuenta a “los beneficiarios”.
“Se definió dar de baja el programa (…) que había sido creado originariamente para financiar el trabajo de equipos de salud vinculados a atención de baja complejidad, transfiriendo recursos a las provincias. Este programa se desvirtuó en la medida que los recursos fueron asignados a un mismo grupo”, agregó.
Desregulación aerocomercial
El Gobierno publicó dos nuevos decretos para el sector aerocomercial: uno con un procedimiento para facilitar la remoción de aviones en desuso que ocupan posiciones en los distintos aeropuertos y otro con un reglamento para la aviación civil no tripulada (drones).
El decreto 664/2024 reglamenta los artículos 74 y 75 del Código Aeronáutico que establece pautas para la remoción de aeronaves accidentadas o abandonadas en los aeropuertos.
Por otro lado, el decreto 663/2024 reglamenta el artículo 36 del Código Aeronáutico, referente a la aviación civil no tripulada, es decir drones. El objetivo central es desregular su utilización en zonas agrícolas.