El ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia, Julián López, se comprometió ayer a “implementar los cambios que sean necesarios” en materia de manejo de la Policía y prevención del delito, tras haber tomado conocimiento del fallo de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, que condenó a 11 policías por el crimen de Blas Correas y por las maniobras de encubrimiento.
“Vamos a atender cada uno de los puntos que (los jueces) han marcado. Obviamente, vamos a atender con toda la responsabilidad que merece una sentencia judicial, sobre todo en este caso que todos conocemos y atender las circunstancias y ahí escuchar y tratar de implementar los cambios que sean necesarios en la medida de lo posible”, señaló el ministro López.
El funcionario formuló estas declaraciones al encabezar en la explanada del Centro Cívico un acto de entrega de 100 móviles policiales cero kilómetro, que se sumarán a reforzar acciones de prevención y patrullaje continuo en todos los barrios de la ciudad. En la oportunidad, el ministro estuvo acompañado del secretario de Seguridad, Claudio Stampalija, y la jefa de Policía, comisario general Liliana Zárate Belletti.
Tras la presentación de los vehículos, el ministro resaltó que “esto va a permitir -prácticamente- duplicar lo que es la acción preventiva de los Caps en cada uno de los 12 distritos de esta Capital; pero además, para que la ciudadanía entienda, esta implementación de los casi 1.100 policías barriales que caminan en los cuadrantes, sobre los que nosotros venimos trabajando desde el año 2016, hoy suben a los autos para reforzar mucho el patrullaje vehicular siempre con el concepto de Policía de proximidad”.
Cabe recordar que en la sentencia del viernes pasado por el asesinato de Blas Correas, los jueces ordenaron que se investigue (en una fiscalía que se sorteará oportunamente) al ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera; a la jefa de Policía Zárate Belletti (era jefa de recursos humanos de la fuerza cuando pasó todo); y al ex comisario Gonzalo Cumplido, entre otros.
Por otro lado, el tribunal dispuso remitir el fallo al Gobierno de Córdoba y lo exhortó para que arbitre las medidas útiles para erradicar todas las formas de violencia institucional y establecer la responsabilidad que tuvieron los funcionarios que intervinieron o tomaron conocimiento de prácticas estructurales de violación institucional de derechos en los hechos juzgados, según surge de la sentencia.
Los magistrados también le dijeron al Gobierno que “de manera urgente” mejore la capacitación de policías sobre: manejo de armas, conservación de la escena del crimen y las pruebas y, no menos importante, mejorar el trato a las víctimas.