Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional emitieron fuertes críticas contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, aprobado por el gobierno de Milei.
HRW calificó la medida como una “regulación excesiva” que obstaculiza el derecho a la protesta pacífica, y advirtió que “la ciudadanía se enfrenta a un grave obstáculo para poder ejercer su derecho a la protesta pacífica”, tal como lo expresó Juanita Goebertus, directora de HRW.
Además, la organización destacó que, aunque el gobierno celebra haber reducido los cortes de calle, el protocolo “criminaliza cualquier afectación al tránsito derivada de una protesta”.
Por su parte, Amnistía Internacional también denunció el uso “excesivo” de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones, resultando en más de 1.100 personas heridas y decenas de detenidos.
Frente a estas acusaciones, la ministra Bullrich defendió el protocolo, y aseguró que “hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia” y acusó a las ONG de estar “del lado de los delincuentes”, lo que fue rápidamente refutado por AI, que reiteró la validez y rigurosidad de sus informes.