El juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, rechazó ayer el recurso de apelación presentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en contra de la resolución que otorgó legitimación a la Sociedad Rural Argentina sobre las retenciones a la exportación de granos.
Afip había ido en contra de la medida dispuesta por Bustos Fierro, quien resolvió el pasado 23 de abril admitir una acción colectiva presentada por la Sociedad Rural Argentina y otras entidades.
En el amparo presentado el 21 de febrero pasado, las sociedades rurales habían argumentado que, según lo dispone la Constitución Nacional, y tal como lo reconocen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las retenciones a la exportación solo pueden ser exigidas por ley del Congreso, y el Ejecutivo tiene prohibida su creación.
Debido a que en 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente reglamentar las alícuotas del tributo y al no sancionarse el Presupuesto 2022 que incluía una prórroga de esa facultad, no hay sustento legal en el cobro de los derechos de exportación exigidos a partir de 2022.