La Cámara Federal de Casación dará a conocer el próximo miércoles a las 11:00 en una audiencia pública si confirma la condena a seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa «Vialidad», que juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
La decisión de la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país es apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual no quedará firme y ninguna pena comenzará a ejecutarse hasta que se pronuncie esa instancia, eso incluye a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la ex presidenta.
La Sala IV de Casación decidió que su sentencia se conozca ese día, en un trámite público en el que si lo desean podrán estar presentes los acusados, aunque no es obligatorio, informaron fuentes judiciales.
El fallo tiene unas 1500 fojas pero los camaristas resolverán al inicio de esta semana si se lee de manera oral sólo la parte resolutiva.
Lo habitual es que Casación de a conocer estas decisiones mediante notificación judicial por sistema informático, pero en casos de gran trascendencia pública puede optar por fijar una audiencia, como ocurrió ahora.
La citación será el próximo miércoles 13 en principio en la sala B de la planta baja de los tribunales federales de Retiro y la lectura estará a cargo del presidente de la Sala Gustavo Hornos, acompañado de sus colegas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Las partes ya fueron citadas a la audiencia, los abogados deberán concurrir de manera presencial aunque los acusados no están obligados y fuentes de la defensa de la ex presidenta dijeron que por el momento no tiene previsto asistir.
La lectura se transmitirá además por videoconferencia y en el edificio de Comodoro Py 2002 se montará un operativo especial de seguridad porque ya se anunció que se hará una «clase abierta» en apoyo a la ex presidenta y no se descartan otras movilizaciones.
A inicios de este año, estos integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la entonces Vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.
En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a la ex presidenta a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.
Pero por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso resolvieron condenar a la ex presidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada».
En los fundamentos del veredicto, el TOF 2 remarcó que hubo un «hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo (de Lázaro Báez) fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional».
A lo largo de casi tres años de juicio oral se comprobó «un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra«, agregó el Tribunal.
En las audiencias ante Casación, la defensa de la ex presidenta reclamó la absolución y sostuvo que la causa es parte del «lawfare» en su contra.
Además de definirse sobre las condenas, los camaristas resolverán si dejan en pie el decomiso de casi 85 mil millones de pesos dispuesto en el juicio oral y la absolución de tres de los acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido.