El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, comenzó esta mañana su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad.
La defensa, comenzó a refutar hoy los puntos de la acusación fiscal que pidió 12 años de prisión al sindicarla como jefa de una asociación ilícita que se benefició con la obra pública en Santa Cruz.
El abogado Carlos Alberto Beraldi lamentó que en el juicio, a contramano de lo que marca la ley, «hay que demostrar la inocencia» pero, así y todo, aceptó el desafío y arremetió contra la acusación fiscal.
Beraldi atacó el argumento de los fiscales que indica que el Gobierno 2003–2015 recurría a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para reasignar fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para poder así «saquear» los fondos del Estado para favorecer a la supuesta asociación ilícita.
Así, el defensor de Cristina Kirchner exhibió documentación sobre todas las reparticiones que recibieron reasignaciones de partidas presupuestarias a través de DNU desde 1994 hasta la fecha, entre las cuales aparecen el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
«Si ustedes creen que estos son actos delictivos vayan pensando en devolver el dinero», ironizó Beraldi.
La defensa también desmintió que se hubieran creado fideicomisos para la obra pública para evitar así el control por parte del Congreso.
Beraldi exhibió declaraciones de testigos del área de Presupuesto y de la Jefatura de Gabinete que desfilaron a lo largo del juicio que explicaron que sí había control del Congreso.
Al mismo tiempo, contestó a la afirmación de la fiscalía que sostiene que todo acto político de Gobierno puede ser sometido al escrutinio de los jueces y, en este caso, observó una «desmesurada» asignación de partidas para la obra pública vial en Santa Cruz.
Beraldi explicó los alcances de la soberanía política surgida del voto popular y recomendó que, si se está en desacuerdo con las decisiones políticas de un Gobierno, se exprese esa disconformidad en las elecciones.
Pero, en cuanto a las decisiones adoptadas por un Gobierno elegido para ello, resaltó que no hay ninguna norma que regule o prohíba la asignación de fondos para la obra pública para tal o cual provincia.
Beraldi eligió ir punto por punto con las acusaciones de la fiscalía y la contrapuso con prueba documental (buena parte de ella, la misma que habían exhibido Diego Luciani y Sergio Mola), testimonios que se registraron a lo largo de los tres años de juicio e incluso segmentos de la exposición de los propios fiscales.
También Cristina Kirchner apareció en los videos, especialmente para recordar que el Congreso –al que los fiscales sostienen que presionaba como parte del supuesto plan delictivo- le había rechazado la Resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones de soja.
Además para señalar que el responsable de la administración financiera y la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete, pero ninguno de los cinco que se desempeñaron en sus gobiernos fue siquiera imputado en este juicio.
En reiteradas oportunidades, Beraldi se quejó porque los fiscales adjudicaron responsabilidad al ex presidente Néstor Kirchner en la estructura que denuncian como «asociación ilícita» dentro del Gobierno.
El abogado defendió la gestión de Kirchner, negó que hubiera existido delito alguno y remarcó: «No se puede imputar a un muerto».
Beraldi dedicó la primera parte de su alegato –que comenzó a las 8.04- a describir el trayecto de una causa que tuvo su primera denuncia en 2008, otra en 2013 y una tercera en 2016, siempre en relación con los mismos hechos.
“Después de casi tres años de audiencia donde se recogieron múltiples, múltiples evidencias quedó demostrado que lo que se decía en 2016 e incluso antes carecía de verosimilitud y que las pruebas que se recogen” en el juicio “destruyen cualquier tipo de acusación, por supuesto falsa y sin fundamentos”, alegó uno de los abogados de la vicepresidenta Carlos Beraldi.
Tras recordar que 49 de los 51 hechos ya fueron juzgados y exculpados, Beraldi describió una supuesta maniobra orquestada desde el Gobierno que asumió en diciembre de 2015 y sectores vinculados con la prensa y el poder para demonizar a la vicepresidenta.
«Es perseguida cinco veces por el mismo delito», sostuvo en relación a las causas abiertas en su contra por supuesta asociación ilícita y remarcó que la defensa juega «un partido en cancha inclinada».
Sobre el mediodía el alegato pasó a un cuarto intermedio y tras él se extenderá en esta primera jornada hasta las 15.