Luego de días de febriles negociaciones, el ministro del Interior, Guillermo Francos, presentó ayer a los bloques “dialoguistas” un nuevo texto de la Ley ómnibus que incluye varias modificaciones, en un intento de conseguir los votos necesarios para poder darle media sanción. Por ahora, el acuerdo se limita al PRO comandado por el ex presidente Mauricio Macri –que participó de las negociaciones desde su casa en Cumelén, en el sur argentino-, mientras que la UCR aclaró que no apoyará delegación de facultades, las privatizaciones, suba de retenciones ni el blanqueo de capitales. La definición pasará a la próxima semana.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió a Francos y a Santiago Caputo, estrecho colaborador del presidente Javier Milei, seguido del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo y la diputada nacional del mismo partido María Eugenia Vidal, para cerrar la estrategia en busca de aprobar la iniciativa. Tras el encuentro, desde el PRO señalaron que el oficialismo “está tomando muchas sugerencias” y que ya se modificaron cerca de 100 artículos de la norma. Sin embargo, remarcaron que todavía hay algunos puntos a discutir, como la reforma electoral, detalles relacionados con las retenciones (el Gobierno “mejoró bastante” la propuesta inicial pero aún faltan detalles) y la movilidad jubilatoria.
“Estoy seguro que nos encaminamos para que la semana que viene tenga media sanción la ley que estamos debatiendo”, dijo Ritondo tras la cumbre, quien precisó que el acuerdo con el oficialismo llega al 95%. Su idea sería que el PRO y los libertarios avancen juntos en la redacción del dictamen final para que se trate en comisiones y luego pase al recinto a principios de la semana que viene, antes del paro de la CGT previsto para el miércoles 24.
Paralelamente, Francos y Caputo iniciaron negociaciones directas, en el más estricto secreto, con la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que siguen condicionando su apoyo a la remoción de cinco puntos del proyecto con los que en principio no van a negociar. Para presionar, estos bloques decidieron ayer avanzar de manera paralela en un dictamen propio que incorpora únicamente los temas económicos, fiscales y energéticos de la norma madre, otorgando facultades delegadas al Poder Ejecutivo por solamente un año, en lugar de los dos años (y otros dos prorrogables automáticamente) como pretende el Gobierno.
Este proyecto opositor, además, reduce las alícuotas de derechos de exportación, incorpora una fórmula de movilidad jubilatoria atada a la inflación y supedita las privatizaciones de empresas públicas al envío del pliego de términos y condiciones al Congreso, según lo informado. Ante este panorama, el Gobierno accedió al filo de la noche de ayer a retrasar los tiempos, por lo que ahora buscaría dictaminar el próximo martes y sesionar el jueves siguiente para tratar de darle media sanción a la iniciativa.
El peronismo se une contra la norma
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer un encuentro con gobernadores del PJ, legisladores, la cúpula de la CGT y gremialistas para ordenar el rechazo a la Ley ómnibus que discute el Congreso y respaldar el paro general del próximo miércoles.
“Las consecuencias de las políticas se van a ver este 24, de eso también hablamos, de apoyar y acompañar la movilización de las centrales obreras”, sostuvo Kicillof al finalizar el encuentro realizado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Kicillof señaló que durante la reunión repasaron “la situación económica y lo que han producido las medidas del Gobierno, sabiendo que se vienen todavía los tarifazos”, a la vez que señaló que “hay mucha preocupación: pedimos que reflexionen y vean lo que están pasando los argentinos”.
A su vez, el cotitular de la CGT Héctor Daer indicó que el paro mostrará que los argentinos “no están de acuerdo con lo que está establecido en la Ley ómnibus ni en el DNU”.