En la última sesión del año prevista para mañana en la Legislatura provincial se aprobará un proyecto de ficha limpia que contará con los votos del oficialismo y de la mayoría de los bloques opositores.
Ocurre que el lunes pasado en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Legislación General, se acordó compatibilizar las propuestas de las legisladores justicialistas Julieta Rinaldi, María Victoria Busso y María del Rosario Acevedo, que fija “elevar estándares de idoneidad para candidatos y funcionarios”; junto con las dos iniciativas de la radical Brenda Austin, quien retomó una propuesta que en los últimos años motorizó el ex parlamentario Marcelo Cossar, quien no contó en el apoyo del PJ.
En este año legislativo, Austin había presentado en junio último el proyecto ficha limpia, tal como se lo conoce a nivel nacional, al establecer la incorporación del artículo 49 bis al Código Electoral de la Provincia de Córdoba, en el que detallaba que “no podrán ser candidatas las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
Mientras que en octubre las legisladoras justicialistas ingresaron una propuesta también para modificar el mismo artículo de la ley 9.571, en el que fijaron que “no podrán ser candidatas a cargos públicos electivos provinciales o municipales, ni a cargos partidarios aquellas personas que se encontraren condenadas en segunda instancia”.
Después de varias reuniones en la Legislatura, de conversaciones con el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y del apoyo del Centro Cívico se logró compatibilizar los proyectos en el que se acordó que quedarán inhabilitadas para cargos electivos “las personas condenadas a penas privativas de la libertad de ejecución efectiva o a pena de inhabilitación principal o accesoria por delitos dolosos de cualquier naturaleza, previstos en el Código Penal de la Nación o en leyes especiales, en virtud de sentencias dictadas por tribunales del Poder Judicial de Córdoba, por tribunales nacionales, federales o de otras provincias”.
Y se aclaró que para la no autorización a cargos electivos “se requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”.
Por lo tanto, se detalló que “la inhabilitación prevista se extiende desde el dictado de la sentencia confirmatoria y hasta que la misma sea revocada o, en su defecto, hasta el cumplimiento total de la pena correspondiente.”
Otro de los puntos que tendrá la normativa será respecto del alcance, ya que no sólo será aplicable para postulantes a puestos a electivos, sino también “para cargos partidarios”, además de funcionarios públicos. Esto último había sido solicitado por la UCR.
Además, se incorporó que partidos políticos o alianzas electorales “deben acompañar una declaración jurada suscripta por todos los candidatos que integren sus listas para cualquier cargo electivo provincial, municipal o comunal”.
Mientras que el Juzgado Electoral, previo a la oficialización de las listas, deberá acreditar el contenido de la declaración jurada y requerir para esto al Registro Nacional de Reincidencia el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) y así como el Certificado de Antecedentes de la Policía de Córdoba.
“El dictamen que hemos alcanzado de la ley de ficha limpia promete para Córdoba una norma robusta que establece la exigencia de que las personas que han sido condenadas por delitos dolosos de penas privativas de la libertad en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos electivos ni tampoco funcionarios públicos”, resumió Austin.
“Creemos que estas incorporaciones que hicimos van a poner a Córdoba en un estándar ético respecto de los requisitos de quienes van a ocupar funciones, que van a levantar la vara de los estándares éticos que se exigen. Quiero destacar el esfuerzo en particular de algunas legisladoras del oficialismo, como Rinaldi y Busso, en tener predisposición para construir este consenso político”, dijo la legisladora radical.
Busso, quien insistió con dar el debate, pese a algunas dudas incluso en la misma bancada de Hacemos Unidos por Córdoba, también expresó: “Después de mucho trabajo de las legisladoras autoras del proyecto en conjunto hemos logrado tener un dictamen que tendrá seguramente un acuerdo por unanimidad”.
“Hemos logrado un dictamen que cumple con los acuerdos preliminares de qué tipo de delitos, que abarca todos los delitos dolosos con penas privativas de la libertad. Esta condena con doble instancia, es decir, confirmada por un tribunal superior o ulterior, que confirme la sentencia es lo que se tendrá en cuenta y también aplicará a los funcionarios públicos. Hemos logrado un dictamen estudiando cada uno de los artículos y que sea en pos de reivindicar y cuidar la política provincial”, insistió Busso.
El pliego de Valentini
El acuerdo que llegará al recinto este viernes será uno de los temas centrales del debate, aunque será uno de los pocos que contará con el entendimiento entre el PJ y el arco opositor. La mayor tensión estará en el tratamiento del pliego del gobierno provincial, en el que se propone a Jessica Valentini para ocupar una vocalía en el Tribunal Superior de Justicia. Según trascendió, el oficialismo alcanzará a reunir una mayoría ajustadísima, ya que tendrá el voto de los 33 integrantes del bloque de Hacemos y se esperan los avales de la legisladora Karina Bruno (PRO) y Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza).
También se dará tratamiento a la aprobación de los pliegos de Pablo Bustos Fierro como defensor General; de Pablo Pupich, como defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa; de Néstor Gómez, como defensor Adjunto; y de Guadalupe García Petrini, como defensora Adjunta en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género. Asimismo, se propondrá a Alejandro Pérez Moreno como fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.
Entre los temas en la sesión de cierre se sumarán un proyecto de ley de Procedimiento Penal Juvenil, con la modificación y derogación de artículos a la normativa 9.944, sobre Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.