El gobernador Martín Llaryora decidió priorizar la lucha contra la delincuencia en el inicio mismo de su gestión. Con ese objetivo, estrenó ayer el despacho principal del Centro Cívico de nuestra ciudad donde encabezó una reunión con sus ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y de Justicia y Trabajo, Julián López, en la que se analizó esta problemática.
En forma complementaria, el mandatario provincial anunció el envío a la Legislatura cordobesa de tres ambiciosos proyectos de ley que contemplan, por un lado, la creación de un sistema integrado de seguridad pública y convivencia ciudadana. Y, por el otro, la habilitación de nuevas fiscalías. La primera y más trascendente de estas iniciativas brinda el marco jurídico necesario para la implementación de un nuevo modelo de seguridad y convivencia, desde una perspectiva federal, haciendo más ágil la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.
Entre los aspectos destacados de dicha propuesta se encuentra la habilitación de guardias locales de prevención, previendo la incorporación de agentes locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba, y en el marco de estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos.
Otro aspecto central de la iniciativa es el aumento en un 100% de las fiscalías antinarcóticos, incorporando seis más en nuestra ciudad y en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz y Cruz del Eje. En el mismo sentido, se crean 12 Fiscalías Criminales de distrito en esta capital, profundizando el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal.
La normativa prevé la incorporación de las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
También se crea un instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), creado en 2008.
Guardias locales de prevención
Las municipalidades y comunas podrán adherir a la futura normativa y, sobre esa base, constituir sus respectivas guardias locales de prevención y convivencia, que tendrán como misión contribuir al desarrollo del capital social de cada localidad, municipalidad o comuna, colaborando en el marco de sus funciones en la prevención del delito y las contravenciones como auxiliar de la Policía de Córdoba.
Sus integrantes podrán usar armas no letales en el ejercicio de sus tareas. Entre sus funciones y atributos se encuentran los de disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones, provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales.
Plan de desarme
La ley enviada a la Legislatura Unicameral establece la estimulación del plan de desarme. Para tal fin, se cambia el criterio vigente y se establece el pago por cada arma que los vecinos entreguen.
Gestión privada de seguridad
Se podrán contratar los servicios de empresas prestadoras de seguridad para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura edilicia que sirva para la prestación de servicios provinciales.
En los casos previstos en la reglamentación de esta ley, las empresas prestadoras de servicios de seguridad que así lo requieran, podrán obtener autorización para el uso de dispositivos no letales en el ejercicio de las tareas a cargo del personal de su dependencia.
La norma establece expresamente que “el personal autorizado al uso de armas no letales debe ajustar su conducta a los protocoles de uso de la fuerza y otros específicos sobre la materia, dictados o a dictar a tales fines”.
Otro aspecto contemplado por el proyecto de ley es que las empresas prestadoras de seguridad podrán ser contratadas para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos, etc.
Los servicios de las empresas prestadoras de seguridad también podrán ser requeridos por clubes, sindicatos o gremios que realicen eventos públicos, espectáculos deportivos y recreativos.
Narcotest
El proyecto de ley fija la realización de un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como narcotest.
Esta medida alcanzará de manera obligatoria a quienes desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, legisladores y tribunos, los ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.
Cámaras de seguridad vinculadas con la policía
Se exigirá que todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, existentes en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio y espacios públicos, estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
La propuesta permitirá aumentar rápidamente la capacidad de vigilancia en las ciudades, agilizando el acceso de videos como posibles pruebas de delitos en investigaciones.