El juez federal número 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, desestimó la investigación contra su ex par del Juzgado número 1, Ricardo Bustos Fierro, ya jubilado, luego de que el fiscal federal número 3, Maximiliano Hairabedian, concluyó que el entonces veterano magistrado no obró de manera delictiva al firmar durante el verano pasado una serie de fallos cuando Sergio Pinto ya había sido designado como su subrogante. A su entender, lo hizo por equivocación, en la convicción de que seguía siendo juez en funciones porque su renuncia aún no había sido aceptada por el presidente Alberto Fernández, lo que no ocurrió aún.
El caso generó una controversia interna en la torre de Tribunales Federales de Córdoba cuando Bustos Fierro, de 87 años, debía cesar en su cargo el 25 de enero último, tras 29 años al frente del Juzgado número 1 con competencia múltiple (entre ellas, la electoral). La fecha había sido establecida cinco años antes, cuando un decreto presidencial ratificado por el Senado le dio la posibilidad de continuar en el cargo hasta el tercer miércoles de 2023.
La renuncia habría sido firmada por Bustos Fierro el 23 de enero, dos días antes de la fecha de cese prevista para el 25, y solicitada su aceptación a partir del 10 de diciembre de 2023, para poder seguir ejerciendo como juez con competencia electoral durante los próximos comicios nacionales (Paso y generales).
Pero la Cámara Federal de Córdoba y la Cámara Nacional Electoral ya habían nombrado subrogantes de Bustos Fierro antes de esa fecha límite (el 25 de enero), para que no hubiera vacancias en el número 1. Así, en diciembre pasado la Cámara de Córdoba había designado (por mayoría) a Sergio Pinto, juez federal de Bell Ville, como subrogante de Bustos Fierro, para que asumiera sus funciones el 25 de enero, recordó en un informe el diario La Voz del Interior.
Los vocales Eduardo Ávalos, Liliana Navarro e Ignacio Vélez Funes (este último renunció recientemente en medio de escandalosas denuncias) consideraron que Sánchez Freytes y su par del Juzgado número 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, tenían demasiadas causas como para atender también las del Juzgado 1.
En minoría, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi recalcaron que, de acuerdo con la ley 27.439 (de subrogancias), debería realizarse un sorteo entre Sánchez Freytes y Vaca Narvaja. Sostuvieron que la designación de Pinto no respetaba el orden de prelación, que pone en primer lugar a los magistrados de “igual competencia y la misma jurisdicción”.
La decisión fue cuestionada por Sánchez Freytes y Vaca Narvaja, y la disputa llegó a la Corte Suprema. Tras varios meses, el máximo tribunal hizo lugar en junio al planteo de ambos jueces y dejó sin efecto la designación de Pinto como subrogante de Bustos Fierro (sin embargo, la Corte aclaró que se consideran válidos todos los actos cumplidos por Pinto desde su designación como reemplazante del Juzgado número 1).
“La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se apartó arbitrariamente de las pautas legales al efectuar la designación en cuestión (en referencia a Pinto)”, lo que “condujo a una injustificada alteración del orden de prelación fijado en la ley”.
Rápidamente, y para evitar que hubiera dos firmas digitales de juez número 1 como ocurrió con Bustos Fierro y Pinto, la presidenta de la Cámara, Graciela Montesi, dejó sin efecto el acuerdo del tribunal de alzada que había designado a Pinto, dio de baja su firma electrónica y dispuso que Sánchez Freytes asumiera como subrogante en su lugar.
Como la Cámara Electoral ya había nombrado a Sánchez Freytes como sustituto interino con competencia electoral del 1, función que mantiene, el juez asumió la totalidad de las competencias del juzgado (a la par que sigue al frente del Juzgado 2).
Controversia en el Juzgado Número 1
La situación en el Juzgado número 1 se volvió confusa hace algunos meses, cuando Pinto concurrió el 1° de febrero a tomar finalmente posesión del cargo como juez subrogante, se reunió con los secretarios y dio instrucciones. Sin embargo, al final del mediodía llegó Bustos Fierro con la intención de continuar con sus tareas como si no hubiera cesado en ellas. Incluso, firmó digitalmente varios fallos.
Pinto no presentó una denuncia penal por ese accionar, sino que informó a su superior (la Cámara) lo que consideró fue una situación “anómala” propiciada por Bustos Fierro.
“Debo decir que no se ha presentado una denuncia penal. He informado la anómala situación (pública y notoria) que ocurría con el entonces juez federal. Cada una de las resoluciones que anulaban o convalidaban los despachos de Bustos Fierro fueron además notificadas a los fiscales federales de cada causa”, indicó.
Frente a “lo delicado, anómalo y desconcertante” del caso, según lo describió, Pinto notificó de la situación a la Cámara para que diera instrucciones y contribuyera a clarificar la situación. “Sinceramente no sé si hubo o no delito”, señaló Pinto.
La Cámara intervino pocas horas después de la controversia y la situación no se prolongó más allá de los despachos firmados el 1 y 2 de febrero. La presidenta de la Cámara, Montesi, dio de baja la firma electrónica de Bustos Fierro y le “ordenó atenerse al acuerdo que por mayoría designó a Pinto como subrogante”.
Ya en abril, con las disidencias de Sánchez Torres y Montesi, por mayoría la Cámara resolvió que el fiscal Hairabedian investigara si Bustos Fierro había cometido o no algún delito.
Qué sostuvo Hairabedian
En su investigación, el instructor buscó determinar si Bustos Fierro había incurrido o no en el delito de continuación arbitraria de la función pública, previsto y penado por el inciso 2° del artículo 246 del Código Penal, que sanciona la conducta del funcionario que continúa ejerciendo el cargo público en el que cesó por ministerio de la ley, cesantía o suspensión.
“Afortunadamente (…), por la rápida y oportuna intervención de la Cámara, la incertidumbre y la confusión fueron efímeras y la situación no se prolongó más allá de los despachos firmados los días 1 y 2 de febrero, los que Pinto supo convalidar o anular según su propio criterio y sin mayor perjuicio para las partes involucradas”, indicó Hairabedian. En efecto, como se dijo, Montesi dio de baja la firma electrónica de Bustos Fierro.
Hairabedian concluyó que la conducta de Bustos Fierro de continuar en la función ocurrió en “la creencia y la convicción de que seguía siendo juez en funciones”, ya que su renuncia aún no había sido aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, tal renuncia no fue aceptada aún por el Presidente, ya que no fue publicada, como es habitual, en el Boletín Oficial.
En paralelo, el Reglamento de la Justicia Nacional, en el artículo 9 bis, señala que “los magistrados presentarán la renuncia a su cargo directamente ante el Poder Ejecutivo, debiendo dar cuenta de dicha presentación –en su caso– a la Corte Suprema, por intermedio de la cámara respectiva. Hasta tanto la renuncia les sea formalmente aceptada, estarán sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias concernientes a la función judicial y, en particular, a las que se refieran a la incompatibilidad con toda actividad política y al desempeño de cargos dependientes de uno de los poderes políticos, salvo los autorizados expresamente por el Reglamento”.
Hairabeidan indicó que en la renuncia que presentó, Bustos Fierro había solicitado hacerla efectiva recién a partir de diciembre de 2023 y agregó que de la comunicación de esa dimisión a la Cámara Electoral “se desprende que el magistrado renunciante estaba esperando la aceptación de la renuncia para cesar en la función. En efecto, en aquella nota hacía saber que se comprometía a comunicar la aceptación de la renuncia ni bien le fuera notificada. Esto indica a las claras que actuó equivocado sobre su condición y capacidad, lo que excluye un obrar intencional”.
En otras palabras –señaló–, Bustos Fierro actuó “sin dolo y en base a un error de tipo sobre el elemento normativo que integra la figura antes propuesta, esto es, la reglamentación aplicable que define el momento a partir del cual se considera que el funcionario público –un juez federal– cesa en sus funciones”.
Al respecto, Hairabedian recordó que la doctrina indica que “el dolo requiere el conocimiento efectivo del cese de las funciones (el agente debe tomar conocimiento fehaciente de la comunicación que dispone el cese o la suspensión de las funciones públicas) y la voluntad de continuar ejercitando las mismas”.
Para el fiscal, no hubo dolo en el accionar del exjuez y, por lo tanto, desestimó la investigación en mayo. Este lunes, Sánchez Freytes cerró la causa.
“Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que al Ministerio Público Fiscal le corresponde como atribución exclusiva y excluyente la promoción y el ejercicio de la acción pública en las causas criminales y correccionales, lo que en el caso bajo examen no ha ocurrido, en tanto que el Misterio Público propicia la desestimación del hecho bajo análisis (…), entiendo que corresponde hacer lugar a dicho pedido”, resolvió. Así, desestimó las actuaciones “por no constituir delito” el accionar de Bustos Fierro.