Para Gadano, «era inevitable y es correcto, pese a un timing complicado, corregir y normalizar los precios» de los combustibles ya que, según explicó, hay un retraso de los mismos, producto del congelamiento con tasas de inflación de 10%.
En declaraciones a FM Milenium, contempló que «hubiera sido un poco más equilibrado que, si la gente va a hacer el esfuerzo de pagar el aumento importante, algo de ese aumento en combustibles hubiera ido a mejorar la recaudación porque es importantísimo cerrar el déficit fiscal cuanto antes».
Con respecto a la electricidad y el gas, el economista comentó que hay «aumentos pendientes bastante importantes» ya que «las tarifas quedaron muy retrasadas» no sólo en términos de segmentación, sino porque «los costos del sistema energético son todos en dólares (al tipo de cambio oficial)».
«La gran devaluación de diciembre tiró los costos para arriba y los precios denominados en pesos, incluso los de las tarifas para usuarios N1 (sin subsidios), necesitan un nuevo ajuste asociado a la devaluación», argumentó.
En este sentido, Gadano estimó que «el nivel de ajuste debería ser de alrededor de 80% o 90% en el precio de la energía imputado en la boleta, mientras que -añadió- también está el problema del transporte y la distribución».
A su vez, señaló que «las tarifas de las compañías de distribución también están retrasadas» y «las compañías de gas están reclamando aumentos de hasta 400% en su parte del precio».
«Sumando el precio del gas, la electricidad, el transporte, y la distribución, estamos hablando de aumentos de entre 100% y 400% en la factura» con el «problema adicional» de que hay «precios y tarifas muy distintas por tipos de usuarios», precisó Gadano.
«Los usuarios N3 quedaron con precios de la energía ecléctica que cubren menos del 10% del costo y si uno quisiera llevarlo al costo, habría que multiplicar por 10», ejemplificó.
Por otra parte, opinó que «vender las acciones estatales de YPF no tiene ningún sentido», al analizar la propuesta de privatización de empresas públicas, entre ellas la petrolera, vigente en el Decreto 70/2023 y en el proyecto de Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».
«En el DNU vigente hay una conversión de empresas públicas a sociedades anónimas (S.A.), que en el caso de YPF no tiene impacto porque YPF es una S.A. hace 30 años», explicó el economista, y remarcó que «en la lista de empresas sujetas a privatización en el proyecto de Ley figura YPF, cuyo 49% de sus acciones está en manos de actores privados y el 51% en manos estatales».
De esa manera, ahondó, «se podría entender que con esa Ley el Congreso autorizaría al Poder Ejecutivo para vender esas acciones», las cuales «están en la mira de quienes ganaron el juicio a la Argentina por el fallido de la Ley de Expropiación de 2012», advirtió.
En esta línea, Gadano subrayó que «nadie en el sector energético cree que la composición accionaria de YPF sea un problema para el desarrollo del sector», con lo cual, aseveró, «no sea cosa que el Congreso destrabe eso y se la lleven estos acreedores».