Controversia por la posible designación de un conjuez

Está acusado por la desaparición de un expediente desde los tribunales locales

Controversia por la posible designación de un conjuez

El Senado de la Nación, a través de su Comisión de Acuerdos encabezada por la senadora mendocina del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, tratará esta semana los pliegos para designar a tres conjueces para la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y los Juzgados de primera instancia de la jurisdicción.

El Ministerio de Justicia propuso a los locales Juan Pablo Salvay y Mariano Longarini para esos puestos y a José Ernesto Cano, como conjuez para subrogancias en los Tribunales Orales Federales (TOF) también de Córdoba.

Longarini es prosecretario administrativo en el Juzgado Federal número dos y Cano es relator del TOF dos de nuestra ciudad. En tanto, Salvay se desempeña como escribiente –el cargo más bajo en el escalafón– en la Secretaría de Derechos Humanos. Según reveló ayer en un informe la periodista María Ester Romero, se presentaron dos impugnaciones contra la propuesta de Salvay.

El empleado está imputado por el delito de sustracción de documentación en una causa en la que se investiga la desaparición de un expediente de los tribunales locales. Sin embargo, la ley 27.439 que regula el régimen de subrogancias del Poder Judicial de la Nación establece como exclusión para ser designado haber sido procesado -no imputado- “por delitos dolosos” cuando “dicho procesamiento se encontrare firme”.

Otro aspecto destacado en la impugnación de Salvay es que integra una escueta lista de dos personas, junto a Longarini, cuando la ley establece un mínimo de 10. Además, en el marco del Concurso 419 del Consejo de la Magistratura del que participó, se ubicó en el último lugar por el puntaje obtenido. Deberá ser la Comisión de Acuerdo la que resuelva sobre esas objeciones.

Si logra superarlas, el pliego pasará al pleno de la Cámara Alta para su aprobación y Salvay será nombrado. Los conjueces designados pueden ser convocados para reemplazar a los magistrados titulares, en forma interina, en caso de licencias, suspensiones, vacancias o remociones. La semana pasada, además, ingresó a la comisión el pliego de Gustavo Pablo Montesi para ser designado juez federal titular de primera instancia de San Francisco.

En el orden de mérito del concurso 419, Montesi (hermano de la camarista federal Graciela Montesi) se ubicó en el primer lugar con 148,4 puntos. Está previsto que la comisión se aboque al análisis de las postulaciones mencionadas mañana, el miércoles y el jueves. Entre los pliegos se incluye a otros candidatos para diferentes jurisdicciones de todo el país.

Imputaron a Aramayo Sánchez

A partir de la obtención de datos en allanamientos realizados semanas atrás, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega imputó al empleado de Tribunales, Nicolás Aramayo Sánchez -suspendido sin goce de sueldo en su trabajo por 30 días- por los delitos de hurto y estafa. También resultaron acusadas como partícipes necesarias otras tres personas, a quienes el escribiente transfirió el dinero del cual desapoderó a su compañera de trabajo.

Aramayo Sánchez confesó haber perpetrado el robo el 1º de junio, cuando el personal de Tribunales cobró los haberes de mayo. Ese día, se apoderó del celular de la funcionaria sin que ella lo advirtiera e ingresó a las aplicaciones bancarias del dispositivo con las claves que había logrado obtener tiempo antes, recordó el diario Perfil edición Córdoba. Esto indica que había planificado el hecho.

Ahora, además, Aramayo Sánchez (sobrino de Alejandro Sánchez Freytes, juez federal número 2), recibió una orden de restricción que le imposibilita acercarse a la víctima, luego de haber concurrido, ya suspendido, a su lugar de trabajo para pedir disculpas por su accionar.

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