El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, autorizó a la provincia de Córdoba a concesionar tramos de rutas nacionales dentro de su territorio y aplicar peajes para financiar obras de mantenimiento y mejora.
La decisión, formalizada a través de un decreto, establece un esquema de delegación temporal de facultades que permitirá a las provincias asumir la administración, reparación y conservación de corredores viales federales sin que se transfiera la titularidad de los mismos.
El Gobierno delegó la gestión de rutas nacionales a nueve provincias con esquema de peajes
El modelo habilita concesiones mediante el sistema de obra pública por peaje, con un plazo máximo de hasta 30 años. No obstante, el decreto aclara que los tramos involucrados seguirán siendo propiedad del Estado nacional, por lo que la medida tiene carácter limitado, revocable y no permanente.
Qué pasa con las rutas en Córdoba
En el caso cordobés, la normativa permite avanzar con la concesión de la autopista de la Ruta Nacional 19, en el tramo que conecta la capital provincial con San Francisco, una obra que había quedado paralizada durante años y que actualmente se encuentra en ejecución.
Para concretar el proceso, la Provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos a concesionar y los mecanismos de control. Estos acuerdos requerirán la aprobación final de la Secretaría de Transporte.
Uno de los puntos centrales es que la Provincia tendrá un año para convocar a licitación desde la firma de cada convenio. En caso contrario, la delegación quedará sin efecto automáticamente.
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En términos financieros, el decreto establece que los ingresos generados por peajes deberán destinarse exclusivamente al tramo concesionado, sin posibilidad de financiar otras obras. Además, se prohíbe integrar estos corredores en licitaciones conjuntas con rutas de otras jurisdicciones.
La medida alcanza también a Corrientes, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, y deja abierta la posibilidad de que otras provincias soliciten su incorporación.
El esquema se apoya en la Ley 27.742, junto con la normativa vigente en materia de concesión de obras públicas. Según el Gobierno, el objetivo es fortalecer la gestión federal y permitir que las provincias tengan mayor capacidad para intervenir en la infraestructura vial considerada estratégica.
En caso de finalización o rescisión de los contratos, la administración de los tramos volverá automáticamente al Estado nacional, mientras que la Provincia deberá responder ante eventuales reclamos derivados de las concesiones.