La Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito del Concejo Deliberante, presidida por Marcos Vázquez (HUxC), retomó el debate sobre el nuevo Marco Regulatorio del Sistema de Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros, con la presencia en la reunión de Eduardo Ramírez, subsecretario de Movilidad y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y de Eduardo Urán, director general de Sistemas de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital.
Aunque sin ponerse plazos perentorios, la Comisión confirmó que se dedicará de lleno a la redacción del nuevo marco, para facilitar luego que el Departamento Ejecutivo llame a licitación. Con ese objetivo, para sucesivas reuniones ya se comprometió la presencia del subsecretario de Economía municipal y el aporte de un informe técnico sobre movilidad y tránsito en la ciudad.
Los funcionarios presentes ratificaron que ha cambiado la forma en que se mueven los vecinos, que ya no necesitan tanto ir al centro como antes, a partir de las nuevas centralidades surgidas en los barrios. También precisaron que el corte de boletos está más o menos estable en torno a los 12 millones por año, pero lejos de los casi 20 millones que se cortaban en 2014.
“Hoy tenemos datos precisos hacia dónde apuntar, los corredores que hay que reforzar, las nuevas líneas barriales que necesitamos”, dijo Eduardo Ramírez.
Por su lado, Urán comentó que la Municipalidad trabajó mucho en lograr la propiedad e independencia de los datos del sistema, respecto de proveedores externos, para tener bases y sistemas de procesamiento propios y a partir de allí tomar decisiones con fundamento técnico.
Desde la oposición, las concejalas Graciela Villata (Frente Cívico) y Elisa Caffaratti (UCR), insistieron en reclamar el acceso a datos oficiales sobre cantidad de unidades, frecuencia y corte de boletos. “Lo pedimos hace varios meses y no lo tenemos. Estamos legislando a ciegas”, se quejaron.
Los funcionarios se comprometieron a brindar esa información y contextualizaron que el sistema cambió mucho en los últimos años, con la potenciación de nuevas alternativas, como las apps de viajes, monopatines, motos y bicicletas. En ese sentido, señalaron que buscarán recuperar usuarios para el transporte masivo, pero seguramente no a los niveles de una década atrás, debido a la reconfiguración de la ciudad y las nuevas opciones de movilidad disponibles.
La Comisión también analizó otros elementos de contexto que condicionan el nuevo marco regulatorio y la licitación, como lo son la marcha de la economía y la eliminación de subsidios nacionales (el municipio cubre ahora ese costo).
El presidente de la Comisión, Marcos Vázquez, ratificó que el próximo sistema mantendrá el criterio de servicio social, para llegar a todos los barrios. El proyecto seguirá en estudio.
Comisión de Área Metropolitana
También se reunió hoy la Comisión de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana, presidida por María Eva Ontivero (HUxC).
En la oportunidad aprobó el informe de cumplimiento anual del Plan de Metas de Gobierno 2023-2027 y convenios de cooperación que la Municipalidad de Córdoba celebró con los municipios de Villa Giardino, Villa Ciudad Parque Los Reartes y San Antonio de Arredondo, además de la comuna de Punta del Agua.
En el caso de los cuatro convenios, contaban ya también con el aval de la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.
La UCR plantea cambios al nuevo marco regulatorio del transporte urbano
Desde la Unión Cívica Radical advierten que el proyecto presentado por el Ejecutivo tiene puntos positivos, pero también serias falencias que pueden afectar la calidad del servicio y los derechos de los usuarios. “No es un debate menor: de estas decisiones depende la forma en que miles de cordobeses viajan todos los días. Queremos que la discusión sea clara para los vecinos, porque de este sistema depende el día a día de miles de cordobeses”, expresó la presidenta del bloque, Elisa Caffaratti.
“Para discutir un sistema que funcione, es clave contar con información transparente sobre el transporte actual. Sin embargo, hoy no se sabe cuántos colectivos están circulando oficialmente en Córdoba, qué pasó con las unidades de Tamse compradas en la gestión del ex intendente Llaryora, en qué condiciones se utilizan esos vehículos por parte de empresas con contratos precarios ni cuáles son las frecuencias reales que se cumplen. Tampoco se conoce un estudio actualizado de movilidad que muestre cómo se mueven hoy los cordobeses y qué zonas necesitan mayor cobertura. Sin esos datos, se termina diseñando una ordenanza a ciegas, sin responder a las verdaderas necesidades de la gente”, expresó Caffaratti.
Además, agregó: “El proyecto actual, habilita a que las empresas sigan operando hasta quince años entre concesiones, prórrogas y permisos precarios. En la práctica, esto significa que los vecinos pueden quedar atrapados en un servicio que no mejora, más caro y con recorridos deficientes, porque no hay competencia ni controles efectivos. Desde la UCR proponemos que, una vez vencido el contrato, la continuidad máxima sea de un año, con control del Concejo, y que los permisos precarios no se renueven indefinidamente”.
“Otro punto crítico es la antigüedad de los colectivos. La normativa vigente permite que circulen unidades con muchos años de uso, lo que para los pasajeros se traduce en viajes incómodos, menos seguros, más contaminantes, con roturas frecuentes y demoras constantes. La propuesta de nuestro bloque es que el parque móvil no supere los cinco años de antigüedad promedio y que exista un diez por ciento de unidades de reserva para garantizar la continuidad del servicio”, detalló la concejal.
El texto también menciona la participación ciudadana, pero no define cómo se implementará. Así, los recorridos pueden modificarse o eliminarse sin consultar a quienes dependen de ellos todos los días, lo que se traduce en más tiempo de viaje, mayores costos y dificultades para llegar al trabajo, la escuela o un hospital. La UCR plantea que toda modificación o creación de recorridos incluya instancias obligatorias de consulta vecinal.
“Por otro lado, la ordenanza crea un fideicomiso para manejar los fondos del sistema, pero no explica cómo funcionará ni cómo se accederá a la información. Esta falta de claridad deja a los vecinos sin la posibilidad de saber qué pasa con los subsidios que surgen de sus impuestos y tarifas. El riesgo es que haya menos colectivos circulando y un servicio de peor calidad. Para evitarlo, proponemos auditorías anuales, acceso público a los datos y control legislativo”, explicó.
“El transporte público es un servicio esencial, que no puede tener menos exigencias que las actuales. Desde el bloque UCR proponemos más control, más participación vecinal y reglas claras para garantizar calidad, accesibilidad y transparencia. Nuestro compromiso es con los vecinos que todos los días esperan el colectivo en la parada. Queremos un sistema moderno, inclusivo y confiable, no una normativa que signifique un retroceso”, concluyó Caffaratti.