En el marco de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante de Córdoba, presidida por Sergio Piguillém (UCR), ha comenzado el tratamiento de un proyecto de ordenanza que propone prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales personales en las escuelas primarias de gestión municipal. La medida abarca el tiempo dentro del aula y se extiende a recreos, comedores, actos escolares y cualquier otra actividad dentro del establecimiento durante el horario escolar.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, la concejal Soher El Sukaria (PRO) brindó detalles sobre el avance del tratamiento legislativo. Destacó que la semana pasada participaron funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes compartieron los resultados positivos de una experiencia similar que ya lleva un año de implementación.
Asimismo, la concejal informó a este medio que en la jornada de ayer participó la Lic. en Psicopedagogía Liliana González, quien se explayó sobre la necesidad de intervenir desde temprana edad debido a las consecuencias negativas —físicas, sociales y emocionales— y el impacto en la lectocomprensión que genera el uso excesivo de pantallas. El Sukaria también confirmó la presencia de funcionarias del área de Educación de la Municipalidad de Córdoba, quienes presentaron un informe técnico, y adelantó que la próxima semana continuará la ronda de invitados.
El proyecto surge como una respuesta a problemáticas que han ganado terreno en las instituciones educativas, tales como el déficit de atención, el bullying, el grooming y la ansiedad. El concejal Piguillem subrayó la urgencia de la medida, señalando que en Córdoba se ha sumado un «combo nocivo»: el acceso a plataformas de juego y apuestas online desde los bancos de las aulas.
«Como docentes en escuelas públicas sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de urgencias. Necesitamos proteger a nuestros educadores y convocar a las familias», afirmó Piguillem, resaltando la importancia de buscar soluciones basadas en evidencia científica.
La propuesta se sustenta en estudios internacionales que asocian el uso irrestricto de dispositivos con una menor concentración y el debilitamiento de la interacción social entre pares. No obstante, la normativa no desconoce el valor de la tecnología y prevé excepciones cuando el dispositivo sea requerido por el docente con fines pedagógicos planificados, por razones de salud acreditadas o en situaciones excepcionales autorizadas por los directivos.
De aprobarse la ordenanza, las escuelas tendrán un plazo de 30 días para adecuar sus reglamentos internos y comunicar los cambios a la comunidad educativa.