La ciudad de Córdoba pondrá en marcha el próximo lunes 2 de marzo el Sistema Integral de Flagrancia (SIF), un nuevo esquema de gestión judicial destinado a agilizar la tramitación de casos en los que una persona es detenida en el momento de cometer un delito o inmediatamente después.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba y coordinada con el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, busca mejorar la seguridad pública y la paz social mediante respuestas rápidas, proporcionales y eficaces en los conflictos penales de menor complejidad, al tiempo que asegura el respeto de los derechos de víctimas e imputados.
Cómo funcionará el nuevo sistema
El SIF prevé la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF), integrada por nueve fiscales, junto con equipos de la Defensa Pública y la reorganización de juzgados de control. Desde su puesta en marcha, las personas detenidas en flagrancia serán trasladadas a la UFF Norte, ubicada en la ex comisaría 13, o a la UFF Sur, en Tribunales II, según la zona donde ocurrió el hecho.
La división territorial permitirá reducir tiempos de traslado y estandarizar la entrega de procedimientos policiales, de modo que los efectivos puedan volver rápidamente a tareas preventivas. Las sedes no funcionarán como centros de detención, sino como espacios de recepción inicial, donde se realizará la identificación, control médico y notificación de decisiones judiciales.
La UFF intervendrá en todos los casos de flagrancia, incluidos los que involucren menores de edad, salvo aquellos que correspondan a fiscalías especializadas. En el caso de niñas, niños y adolescentes, los procedimientos se centralizarán en la sede Norte, preparada para garantizar su resguardo.
Respuestas más rápidas y variadas
Uno de los ejes del sistema será la búsqueda de soluciones tempranas para los casos más simples. Entre las alternativas posibles figuran la desestimación, la suspensión del proceso a prueba con reparación a la víctima, el juicio abreviado o la elevación a juicio cuando no haya acuerdo.
El modelo también promueve la oralidad, la celeridad y mecanismos restaurativos, con el objetivo de resolver conflictos de manera integral y temprana, sin limitarse a la sanción penal.
Para su implementación se realizaron talleres de capacitación con jueces, fiscales y defensores, se elaboró un manual de procesos con instructivos estandarizados y se adaptó el sistema informático para monitorear el desempeño del nuevo esquema.
Reorganización territorial
El proyecto incluye la delimitación de 27 distritos judiciales en la capital y la creación de nuevas Unidades Territoriales Integradas en barrios estratégicos como Los Boulevares y Santa Isabel, para mejorar la presencia institucional y el acceso a la justicia.
Con esta iniciativa, el sistema penal cordobés apuesta a fortalecer su capacidad de respuesta frente a delitos simples, mejorar la coordinación entre organismos y ofrecer un servicio más ágil y cercano a la ciudadanía.
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