Los trabajadores del Poder Judicial de Córdoba, nucleados en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), profundizaron su plan de lucha con una movilización hacia la Casa de Gobierno y el inicio de paros que afectan la actividad judicial en toda la provincia. La medida de fuerza, que comenzó este miércoles 10 de junio, surge ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades a un conflicto que se arrastra desde hace meses. En su primera jornada, el paro registró una adhesión cercana al 50% en el edificio de Tribunales II.
El esquema de protesta definido por el gremio contempla un segundo paro de 60 horas para la ciudad de Córdoba y una medida de 72 horas para las sedes del interior, con el objetivo de visibilizar el malestar del sector ante sus dos patronales, el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial.
El eje central del reclamo es la exigencia de una recomposición salarial urgente en cumplimiento efectivo del acuerdo de equiparación firmado en 2025, el cual los trabajadores denuncian que se está incumpliendo. En este sentido, los judiciales solicitan la derogación de la ley 11.087 y de su antecesora, la 10.955.
La Ley 11.087 declaró en 2025 la emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional provincial por un periodo de cinco años, con el objetivo declarado de garantizar la sustentabilidad de los fondos jubilatorios. Entre sus disposiciones más controvertidas, la normativa faculta al Poder Ejecutivo a incrementar los aportes personales de los trabajadores hasta en un 8% y establece un «aporte solidario» para quienes perciban múltiples beneficios que superen los nueve haberes mínimos.
Si bien la ley contempla un adicional no remunerativo para alcanzar el límite del 82% móvil y busca reducir el diferimiento en el reajuste de haberes, el gremio AGEPJ exige su derogación denunciando que estas medidas, sumadas a la ley previa 10.955, terminan por «licuar» los incrementos obtenidos mediante el acuerdo de equiparación salarial de 2025.
Desde la organización sindical sostuvieron que el salario no debe seguir siendo la variable de ajuste frente a la situación económica actual, sumando a sus demandas la defensa de las jubilaciones y el cumplimiento de puntos acordados previamente sobre la carrera judicial, ascensos, pases a planta permanente y mejoras generales en las condiciones de trabajo y provisión de insumos.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, Adrián Alfredo Valán, Secretario Administrativo de AGEPJ, calificó el acatamiento a las medidas de fuerza como «realmente contundente», destacando niveles de adhesión muy altos en las unidades judiciales y en los fueros penal y laboral. El dirigente subrayó que trabajadores de diversas localidades del interior se trasladaron a la capital para sumarse a la marcha, demostrando la unidad del sector en la búsqueda de una mesa de diálogo con propuestas serias. «Esperemos que reflexionen el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial y nos den algun tipo de respuesta a los reclamos que venimos realizando desde que comenzó el año», concluyó.