En una jornada marcada por la tensión gremial, la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales resolvió este miércoles 1 de abril rechazar por amplia mayoría la última oferta salarial presentada por la administración de Martín Llaryora. Tras evaluar los números, el sindicato docente determinó que la propuesta no alcanza a cubrir las necesidades del sector y profundizó el plan de lucha con una medida de fuerza de alcance provincial.
Como respuesta al estancamiento de la negociación, se anunció un paro de 72 horas para los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril. La medida incluirá una movilización masiva en la ciudad de Córdoba durante la primera jornada de protesta.
Las claves del reclamo y condiciones para un acuerdo
Desde el gremio exigieron que cualquier nueva propuesta garantice los ítems logrados hasta ahora, pero que se profundice la recuperación del poder adquisitivo. La principal demanda es la inclusión de sumas remunerativas y bonificables no inferiores al 25%.
Entre los puntos irrenunciables para el sector docente se encuentran:
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Aumentos mensuales: Deben ser remunerativos, bonificables y acumulativos, basados en el 100% del IPC sin estar sujetos a los niveles de recaudación provincial.
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Jubilados y activos: Eliminación del diferimiento para los pasivos, compensación del FONID para ambos sectores y suba de las bandas para los aportes jubilatorios.
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Profesionalidad y salud: Suspensión del FOSAET y del artículo sobre «Profesionalidad Docente» durante todo el periodo paritario.
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Jerarquización: Mejora de haberes para cargos directivos y eliminación de topes en complementos remunerativos.
Exigencias al Ministerio de Educación
Más allá de lo estrictamente salarial, la asamblea puso el foco en la situación de violencia y desprotección en las instituciones. Exigieron al Ministerio de Educación la implementación de políticas reales de prevención y protección que no se limiten a talleres teóricos o documentos que impliquen una sobrecarga para el docente.
Asimismo, el gremio reclamó la inmediata restitución de los fondos descontados por días de paro y ratificó su rechazo a lo que consideran discursos de odio y estigmatización contra los trabajadores organizados.