La Fiscalía Federal N°3 de Córdoba promovió una acción penal y solicitó que los camaristas federales y máximas autoridades de la Justicia Federal de Córdoba Graciela Susana Montesi y Abel Guillermo Sánchez Torres sean citados a declaración indagatoria por la presunta recepción de un viaje en avión privado a Punta del Este, un hecho que, según el Ministerio Público Fiscal, podría configurar el delito de admisión de dádivas previsto en el artículo 259 del Código Penal.
El requerimiento de instrucción fue presentado ante el Juzgado Federal N°2 por los fiscales Pablo Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián, quienes sostienen que los magistrados habrían viajado desde Córdoba hacia Uruguay el 29 de marzo de 2024 y regresado el 2 de abril a bordo de la aeronave privada matrícula LV-WTP, propiedad de Airjet S.A. Los movimientos fueron registrados por la Dirección Nacional de Migraciones. Según un informe incorporado a la causa, un vuelo de esas características tiene un costo estimado de US$17.020 por tramo, por lo que el beneficio recibido rondaría los US$34.000.
La investigación sostiene que el viaje podría haber estado vinculado con empresarios relacionados con Porta Hnos. S.A. y el Grupo Astori, cuyos intereses fueron objeto de distintos expedientes judiciales en los que intervinieron ambos camaristas. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que todavía no pudo determinar quién habría financiado el vuelo, ya que los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar a la persona que habría ofrecido el beneficio.
Según el requerimiento, los jueces viajaron junto a María Pía Astori, referente del Grupo Astori, y Guillermo Alberto Assales, entonces vinculado a Astori Estructuras S.A. La presentación también reconstruye los vínculos societarios entre Airjet S.A., propietaria del avión, y directivos de ese grupo empresario, además de señalar que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando la aeronave aun después de dejar el directorio de la compañía.
Uno de los expedientes analizados es el amparo ambiental iniciado en 2016 por vecinos de barrio San Antonio contra Porta Hnos. Allí, la Fiscalía sostiene que Montesi votó en distintas oportunidades en línea con la postura de la empresa respecto de la Evaluación de Impacto Ambiental ordenada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja.
En 2025, Sánchez Torres integró la sala y acompañó el criterio de Montesi para hacer lugar a un recurso de la firma. Posteriormente, ambos fueron recusados y, aunque los planteos fueron rechazados, Sánchez Torres decidió apartarse del expediente por razones de «decoro y delicadeza». Además, el requerimiento menciona otra causa en la que ambos magistrados integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa aplicada a Porta Hnos. por una presunta omisión fiscal.
Los fiscales consideran que existen elementos suficientes para investigar si los camaristas aceptaron un beneficio prohibido por la Ley de Ética Pública, que impide a los funcionarios recibir regalos o servicios vinculados con el ejercicio de sus funciones. No obstante, el requerimiento no implica una declaración de culpabilidad ni una elevación a juicio, sino el inicio formal de la investigación para determinar quién financió el viaje y si existió una dádiva relacionada con la función judicial de los magistrados.
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