El juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick dio hoy cinco días de plazo al Gobierno para que produzca el informe de contestación a los argumentos de la UBA en relación al dictado de una medida cautelar presentada para suspender la decisión de que esa casa de estudios sea auditada por la SIGEN.
Cormick se declaró competente para entender en la demanda presentada por la UBA y dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional y la SIGEN produzcan en cinco días el informe previsto ante el pedido de la medida cautelar, según la resolución. Por la mañana, y apenas quedó sorteado en el caso, el magistrado había dado vista al fiscal Fabián Canda para que dictamine sobre la competencia en el caso.
La fiscalía concluyó que el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal es el que debe intervenir en la demanda porque, para resolver, «será necesario recurrir de modo preponderante al análisis y aplicación de principios y normas de derecho público constitucional y administrativo», según el dictamen.
Ante ello el juez se declaró competente para entender en la acción declarativa de certeza y reclamo de medida cautelar que presentó la UBA para evitar ser auditada por la SIGEN.
Cormick quedó a cargo del caso por sorteo, luego que ayer la UBA recusara sin causa a la primera magistrada que había sido sorteada, Rita Ailán, informaron fuentes judiciales.
La UBA presentó ayer una «acción declarativa de certeza» para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla y pidió que mientras se resuelve se dicte una medida cautelar que lo impida.
En el escrito de demanda se pidió la cautelar para que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la SIGEN que se «abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno».
Esto teniendo en cuenta que el Gobierno «decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello», advirtió la demanda de la UBA.
En la demanda se busca que la Justicia «declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de esta Universidad por resultar contradictorios e incompatibles con las normas, principios y garantías de la Constitucional Nacional».