El principal órgano de control externo de la administración pública nacional, la Auditoría General de la Nación (AGN), está a punto de entrar en una situación de parálisis inédita en su historia, que incluye su virtual acefalía. Ocurre que seis de los siete auditores tendrán vencidos sus mandatos el mes próximo y solo quedará en pie su presidente, el peronista Juan Manuel Olmos, con una función estrictamente administrativa.
De hecho, la AGN celebrará hoy su última reunión de colegio de auditores antes del éxodo de sus últimos integrantes. Esta situación puso en alerta a la oposición y, particularmente, a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, encargada de revisar los informes que produce la AGN una vez que éstos pasan por el filtro del colegio de auditores. Con preocupación advierten que, hasta tanto no se normalice la integración de la AGN, todos los informes en marcha quedarán cajoneados.
“Este es un hecho inadmisible; no se puede dejar vacío al principal órgano de contralor que hoy tiene la Argentina. Es una falta grave del propio Congreso, que está faltando a su obligación y responsabilidad de designar a sus representantes. Los bloques políticos deberían buscar un acuerdo y, si no lo hay, se tienen que constituir mayorías y votar. No se puede prolongar esta situación anómala”, denunció en las últimas horas el diputado Miguel Angel Pichetto, presidente de la Comisión Mixta.
Sin embargo, el escenario es complejo. Ocurre que, pese a su discurso en favor de auditar a todos los organismos del Estado -especialmente aquellos que son autárquicos como las universidades públicas-, el Ejecutivo tiene frenada la designación de los representantes que faltan en el organismo. De hecho, la AGN funciona de una manera irregular desde hace al menos un año porque tiene sólo cuatro de sus siete miembros debido a que los tres restantes -que ingresaron en representación de Diputados- abandonaron el organismo en abril pasado porque vencieron sus mandatos. A la hora de definir sus reemplazos, los representantes del Ejecutivo trabaron el proceso de designación, dejando rengo al principal organismo de control del Estado.
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El tema es que el problema se agudizará la semana próxima cuando venzan los mandatos de los tres auditores designados por el Senado y el organismo entre en una situación de parálisis total. Solo quedará en pie su presidente Olmos, quien fue designado por Unión por la Patria en 2023, cuando Javier Milei asumió en la Casa Rosada. La Constitución Nacional prescribe que la AGN debe ser comandada por un representante del principal partido opositor, por lo que Olmos tendrá mandato hasta 2027.
La gran pregunta es si el oficialismo intentará prolongar esta situación de parálisis de la AGN, teniendo en cuenta que el plan de auditorías que se había programado para este año incluye algunas de las áreas más sensibles para la gestión libertaria: entre otras, el Banco Central, el proceso de compras y contrataciones del Ministerio de Defensa y Seguridad, la empresa mayorista de energía eléctrica Cammesa y los programas de asistencia alimentaria del Ministerio de Capital Humano. Paradójicamente, el plan incluye también la auditoría de las universidades nacionales, bandera que la gestión libertaria enarboló en el conflicto por el presupuesto universitario del año pasado.
El oficialismo reclama tener un lugar en la AGN y, por ello, frustró el año pasado un incipiente acuerdo entre distintos bloques opositores que lo dejaban afuera del organismo de control. Su estrategia fue dejar pasar el tiempo hasta que venciera el mandato de los representantes del Senado: los libertarios sostienen que, en este contexto, la oposición no les podrá negar al menos un auditor de los seis en juego.
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