El fiscal de la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba y docente de Derecho en la UNC, Marcelo Hidalgo, respaldó abiertamente el proyecto de ley que impulsa el gobierno para realizar juicios en ausencia en casos de delitos graves vinculados a la criminalidad organizada y el terrorismo, como fue el atentado a la Amia del 18 de julio de 1994. “El país, la comunidad, las víctimas directas y colaterales necesitan poder entender de qué modo se planificó y se llevó a cabo el atentado; que esto se audite; este es el valor del juicio penal oral y público”, opinó el fiscal.
La semana pasada, los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron al Congreso Nacional la iniciativa que propone modificar el Código Penal para juzgar en ausencia a acusados de terrorismo, trata de personas o narcocriminalidad, en la antesala del 30 aniversario del atentado a la mutual de la comunidad judía.
Hidalgo explicó en el programa “Con el diario del lunes”, que se emite por Canal 10, qué significa y qué implicancias tiene un juicio en ausencia: “Así como todo el sistema de protección de derechos humanos resguarda de las persecuciones ilegales a las personas sometidas a proceso, también garantiza el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva”, dijo.
Y aportó: “En enero de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la falta de respuesta hacia las víctimas, por la falta de diligencia, de persecución penal y de enjuiciamiento; ahora el proyecto se presenta sobre este fallo”.
En ese sentido, señaló que en este tipo de procesos los acusados pueden designar un abogado de su confianza para que los defienda y recordó el antecedente respecto al represor Alfredo Astiz, condenado por la justicia francesa en ausencia, antes de ser enjuiciado en Argentina. “Si la acusación prospera, aún sin la presencia del acusado, se logra dar una respuesta”, subrayó.
Más allá de la sanción y la pena que sea posible aplicar, Hidalgo dijo que resulta de gran relevancia que se puedan conocer en un juicio “todas las evidencias, si el atentado a la Amia tuvo vinculación con el ataque a la Embajada israelí en 1992, si hubo anuncios, cuáles fueron esas advertencias, qué hicieron o qué no hicieron los servicios de inteligencia”.