En una nueva jornada caliente en la Cámara de Diputados, que incluyó fuertes escenas de violencia, la Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar y dictaminar los proyectos de ley que plantean pedidos de informes, interpelaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo y la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo por la promoción del criptoactivo $Libra que involucra al presidente Javier Milei.
Con 134 votos positivos y 94 negativos, quedó aprobada la moción para que el próximo martes 18 de marzo, a las 13, se traten los expedientes en el plenario de comisiones, y para que el miércoles 19, a la misma hora, se desarrolle una segunda reunión para pasar a la firma de los dictámenes e iniciar la investigación del escándalo por el “criptogate”.
Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR impulsan distintas iniciativas para investigar las implicancias y responsabilidades políticas de Milei y los funcionarios que hubieren participado en eventuales hechos delictivos derivados del lanzamiento de $Libra.
Un rato después, el pleno rechazó la moción de UxP para emplazar a la comisión de Juicio Político para que tratara el proyecto que abre la instancia de juicio político contra el jefe de Estado, en medio de fuertes enfrentamientos con el PRO, que consideró que «el juicio político es destituyente. ¡Son golpistas!», en palabras del diputado Damián Arabia.
¿La causa a Comodoro Py?
Por otro lado, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, reclamó que la causa por el criptogate debe radicarse en su juzgado en lugar de Comodoro Py, bajo el argumento de que el mensaje en «X» que publicó Milei otorgó «apoyo, publicidad y visos de credibilidad» a $Libra. En su despacho tiene una denuncia que sostiene que ese mensaje fue publicado desde la Quinta de Olivos, por eso reclama la competencia. La jueza incluso tomó las primeras medidas en la causa y aceptó como querellante a Martín Romeo, un joven especialista en criptomonedas que fue víctima de la presunta estafa.
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