Diputados y senadores del PJ cordobés califican de «disparatado el ajuste» que Milei exige en las provincias

Diputados y senadores del PJ cordobés alertaron que las consecuencias de un recorte de 60.000 millones de dólares "serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país"

Diputados y senadores del PJ cordobés califican de "disparatado el ajuste" que Milei exige en las provincias

La senadora por Córdoba, Alejandra Vigo.

Los diputados y senadores nacionales por el peronismo de Córdoba calificaron ayer de «absolutamente insostenible y fuera de toda lógica el ajuste de 60.000 millones de dólares» que el presidente Javier Milei le exigió a las provincias durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2025.

«Para poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos de IARAF), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría una reducción de más de 68% del gasto provincial», alertaron en un comunicado los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge, además de la senadora Alejandra Vigo.

«Esto significaría, en términos prácticos, que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas. Es inimaginable que el conjunto de provincias invierta en esos servicios fundamentales un tercio de lo que invierten hoy», se quejaron las espadas legislativas que responden al gobernador Martín Llaryora y a su antecesor, Juan Schiaretti.

Sobre el particular, consideraron que «es un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste. No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas que dependen de los servicios públicos que las provincias proveen».

«Cualquier debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público es válido, pero proponer una reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad. Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país», concluyeron.

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