Pese a la acusaciones opositoras y a las nulas chances de poder avanzar en el proceso, el Frente de Todos (FdT) se dispone a redoblar su estrategia para impulsar el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados, con el objetivo de citar a declarar a sus cuatro miembros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La Comisión de Juicio Político tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá el FdT para establecer la admisibilidad de los pedidos de juicio político, primer paso para la apertura del sumario que permitirá sumar pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro magistrados.
En la primera reunión, el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) de boicotear el inicio de las sesiones. El quórum fue posible gracias a que la bancada oficial se abroqueló detrás del proceso de remoción de los magistrados que impulsa el Gobierno nacional.
Se trató de una primera prueba de fuego que el oficialismo celebró, ya que necesita el apoyo de sus 16 diputados en todas las reuniones de la Comisión para asegurarse el respaldo suficiente para impulsar el proceso, aunque luego naufrague en su tratamiento en el pleno del cuerpo –donde necesita los dos tercios de los votos para destituir a cada uno de los magistrados, algo que parece imposible de conseguir-.
El objetivo es así más político que judicial: el FdT busca exponer ante la sociedad los supuestos vínculos entre el máximo tribunal del país y la principal alianza opositora, con la campaña electoral de fondo. Cuenta, para ello, con un aliado impensado como la Coalición Cívica, cuyos voceros ratificaron que impulsarán la destitución de Lorenzetti, quien fue denunciado en varias oportunidades por su líder, Elisa Carrió (ver La Coalición…).
Uno de los objetivos de máxima del oficialismo será lograr que los magistrados vayan a declarar a la Cámara baja para ejercer su derecho a defensa, aunque resulta complicado porque –a diferencia de los testigos- los acusados tienen la posibilidad de no asistir y declarar por escrito. Si bien el oficialismo está buscando estrategias para obligarlos a presentarse, lo cierto es que necesitará una orden judicial para que las fuerzas de seguridad los hagan comparecer. “Me parecería bochornoso que ninguno (de los jueces de la Corte) venga (a declarar) y la mejor evidencia que esta gente tiene todo para ocultar”, anticipó ya el fin de semana el diputado Rodolfo Tailhade (FdT).
Por lo pronto, en la reunión del próximo jueves está previsto que se presenten los impulsores de los 14 pedidos de juicio político que estudiará la Comisión, con el objetivo de tratar su admisibilidad la semana siguiente. Aquí se empezará a develar otra incógnita: con cuál denuncia comenzará la investigación. Algunas fuentes ya anticipan que será el escándalo generado por los chats filtrados entre el vocero del juez Rosatti, Silbio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, donde el primero le sugería al segundo distintas estrategias para que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta encare el litigio con la Nación por los fondos coparticipables. El oficialismo pretende que esos chats sean también motivo de análisis en la Comisión, aunque la justicia ya cerró la causa porque habían sido obtenidos de manera ilegal.
La Coalición Cívica va por Lorenzetti
Entre los 14 proyectos de juicio político que se presentaron en Diputados contra la Corte Suprema de Justicia, hay dos que corresponden a la Coalición Cívica-ARI (CC) contra el ministro Ricardo Lorenzetti.
El partido de Elisa Carrió anunció que ratificará su denuncia contra el magistrado, algo no cayó muy bien dentro de Juntos por el Cambio (JxC), que no quiere quedar “pegado” de ninguna forma al kirchnerismo.
“La Coalición Cívica va a sostener su postura histórica. Nuestra líder pidió su enjuiciamiento (de Lorenzetti) hace más de 6 seis años y estamos dispuestos a bancarlo”, expresó la diputada nacional por la CC, Paula Oliveto.
Sin embargo, aclaró que no van a ser funcionales al kirchnerismo y que no firmaran su dictamen: “Nuestro motivo de denuncia no tienen nada que ver con la acusación del oficialismo”, aclaró la legisladora. Tanto desde el PRO como desde la UCR, empero, anticiparon que no acompañarán la denuncia.