En un comunicado, el Gobierno agradeció “el acompañamiento ofrecido” por las entidades empresarias al presentarse bajo dicha figura.
“Es imprescindible avanzar en una actualización de la normativa que reduzca la litigiosidad y cargas laborales, que cree incentivos para el empleo formal y la promoción de negociaciones colectivas dinámicas”, además de procurar “beneficios para el sector asalariado, especialmente la formalización de las relaciones laborales”, sostuvieron las entidades en dos comunicados de prensa.
El apoyo fue subscripto por la Asociación industrial de la Provincia de Buenos Aires (Adiba), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
También lo hicieron la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Cepba), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), quienes se sumaron a la iniciativa de la Unión Industrial Argentina (UIA).
El vocero presidencial, Manuel Adorni destacó ayer «el apoyo de empresarios pyme de todo el país y especialmente de UIA que hizo una presentación en la justicia para defender lo que tiene que ver con cuestiones laborales».
«Se han presentado 17 amparos en la justicia. Llamativamente todos son impulsados por gremios en contraposición a los presentados por empresarios e inversores que suman la cantidad de cero. No hay ningún amparo presentado por quienes dan trabajo y crean empleo en este país», señaló.
La UIA fue la primera entidad que anunció esta semana su intención de presentarse como amicus curiae, figura que permite participar a terceros ajenos a un proceso judicial que tienen conocimiento y competencia sobre la cuestión.
En un comunicado, la UIA indicó el jueves que se presentará «con la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación laboral, ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias».
«Las reformas planteadas configuran el camino correcto hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles», expresó.
Valoró que entre las iniciativas del capítulo laboral del DNU figuran «la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales y la modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales».
Un día después, la CAC anunció que también se sumaría a presentarse como amicus curiae y argumentó que “los cambios que se impulsan en materia laboral, propiciarán la creación de más puestos de trabajo, en empresas ya existentes y nuevas a conformarse, trayendo beneficios para el sector asalariado, especialmente la formalización de las relaciones laborales”.