El Gobierno inició hoy el proceso para avanzar en la implementación del ´silencio positivo´ en «más de 500 trámites» de la administración pública nacional, y adelantó que será un «cambio de cosmovisión grande» que se realizará de «forma gradual» en todas las áreas del Estado.
«El silencio negativo fue cuestionado en el mundo y se busca ir en otra dirección, pero de forma gradual», precisaron fuentes oficiales a los medios en Casa Rosada.
En esa línea, manifestaron que la intención del Ejecutivo no es generar un «shock» que «bloquee la administración pública», y detallaron que todo lo que «no es una autorización administrativa regalada» va a seguir bajo el régimen que rige actualmente.
Esta reglamentación había sido aprobada durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso y modificó la norma que rige los procedimientos administrativos en el Estado, tanto en su faceta centralizada como descentralizada.
De acuerdo a la información difundida el viernes por Presidencia, la medida «se aplicará a más de 500 trámites administrativos a nivel nacional» e incluirá «desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos».
«Con esta reforma, se busca simplificar la relación entre ciudadanos y el Estado, eliminando trabas burocráticas, agilizando los tiempos de resolución en gestiones regladas y fomentando la inversión, al brindar certidumbre jurídica», explicaron con relación a la nueva medida.
La norma fue reglamentada hoy a través del decreto 971/2024 y abarca únicamente a autorizaciones administrativas regladas, aunque establece excepciones en la aplicación del silencio positivo «en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público», indicó el Ejecutivo a través del Boletín Oficial.
«Cuando el silencio era sólo negativo, la administración pública dormía en los laureles. Ahora, con el positivo, van a tener que resolver», subrayaron fuentes gubernamentales a esta agencia, y detallaron que los trámites tienen que estar «bien presentados» para que se aplique la nueva normativa.
En la administración pública centralizada, la nueva reglamentación comenzó a estar vigente el viernes, mientras que el 1 de diciembre se aplicará a la descentralizada.
El Poder Ejecutivo pondrá a disposición cursos en la materia para abogados que quieran instruirse sobre su aplicación.